El embargo de bienes a Fernández Villa ya es definitivo

La Audiencia Provincial ha ratificado el embargo de bienes al exsecretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa en el marco de la «Operación Hulla», en la que se investiga el supuesto desvío de fondos en la construcción del geriátrico de Felechosa, del Montepío de la Minería. La Audiencia ha desestimado el recurso de Villa y ha confirmado, en un auto contra el que no cabe recurso, la decisión adoptada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo el pasado 29 de mayo.

Las medidas cautelares confirmadas por la Audiencia consisten en el embargo y bloqueo de las cuentas y demás productos financieros en cuantía superior a 6.000 euros pertenecientes a Fernández Villa y a otros once investigados, entre los que también se encuentra el expresidente del Montepío de la Minería Asturiana José Antonio Postigo, así como la prohibición de disponer, enajenar o gravar bienes inmuebles.

La «Operación Hulla», en la que se investigan posibles delitos de blanqueo de capitales, fraude de subvenciones, falsedad de documento oficial y mercantil, tráfico de influencias, apropiación indebida, contra la hacienda pública, malversación, cohecho y prevaricación, está relacionada con la regularización por parte del histórico líder sindical minero de 1,2 millones de euros en la amnistía fiscal de 2012.

El auto advierte de que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción establece indicios que relacionan el «inusual incremento patrimonial» de Fernández Villa «con el presunto desvío de fondos públicos obtenidos por el Montepío de la Minería procedentes de una subvención estatal» concedida para la construcción de la residencia de mayores de la Minería, en Felechosa.

A este respecto, recuerda que el informe pericial emitido por el arquitecto designado en la causa ha puesto de manifiesto la existencia de un «supuesto sobrecoste no justificado» en la construcción del geriátrico de un 51 por ciento, «lo que habría permitido detraer al recurrente y a otros investigados importantes cantidades de dinero público procedentes de dicha subvención concedida por la suma de 30.000.000 euros».

De la investigación patrimonial llevada a cabo, añade el auto de la Audiencia, «se desprenden indicios de que parte de ese dinero habría sido aflorado por José Ángel Fernández Villa a través de la regularización fiscal» de 2012.

La Audiencia confirma las medidas cautelares al concluir que «guardan plena proporción con las eventuales responsabilidades penales y civiles».