La defensa descarta una fuga de Riopedre con los 2.300 euros de sus cuentas bancarias

¿Alguien cree, de verdad, que tiene posibilidades de ir a algún sitio? La pregunta del abogado Sergio Herrero, que ejercita la defensa del exconsejero de Educación del Principado, José Luis Iglesias Riopedre, iba dirigida al tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, a la Fiscalía y a las acusaciones del Caso Marea durante la celebración de la vista oral para decidir si los condenados en el conocido como mayor caso de corrupción en la administración regional seguían en situación procesal de libertad provisional o si, por el contrario, la Sala acordaba su ingreso inmediato en el Centro Penitenciario de Asturias. Y el propio letrado se contestó: «Ni hay riesgo de fuga, ni intención alguna de huir al extranjero». Y mucho menos con la escasa disponibilidad económica de que dispone el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre que se cuantifica en los 2.300 euros que, según la certificación bancaria aportada a la causa, es el saldo global de las dos cuentas que tienen a su nombre tanto el exconsejero como su esposa.

Todos los condenados seguirán en libertad provisional

Un riesgo de fuga descartado igualmente por la edad del que fuera consejero de Educación durante la etapa de gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces. José Luis Iglesias cumplirá 78 años el próximo 7 de noviembre y la defensa está convencida de que no habrá sentencia firme al menos «hasta dentro de otros dos o tres años más», a tenor de que el Tribunal Supremo tendrá que pronunciarse sobre los recursos de casación que las defensas previsiblemente interpondrán. De esta manera, es más que probable que se llegue a la situación de que se conozca la resolución definitiva cuando ya Riopedre haya rebasado los 80 años, una edad que permitiría a Sergio Herrero enfocar su estrategia jurídica a la petición de la libertad condicional anticipada por razones de edad.

No obstante, toda su argumentación no cayó en saco roto y el presidente de la Sección Tercera, Javier Dominguez Begega, ya adelantó in voce que ninguno de los condenados ingresará en la cárcel asturiana, siguiendo así el criterio de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que interesó que continuaran en libertad provisional tanto Iglesias Riopedre, como su exnúmero dos, la exdirectora general María Jesús Otero, la exjefa de servicio Marta Renedo, y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez.

En todos los casos, la Fiscalía basó su petición de libertad provisional en la falta de indicios de la existencia de un riesgo de fuga, en la imposibilidad de reincidencia delictiva para actuar en contra de los bienes de sus víctimas, en la falta de continuidad en su relación con la administración del Principado, en el embargo de sus bienes y en el hecho de que todos ellos han comparecido en todos los requerimientos judiciales para los que han sido citados, incluida la comparecencia de la vista para conocer su futuro más inmediato. Unas circunstancias a las que se suma que ya están actualmente fichando los días 1 y 15 de cada mes en sede judicial, con lo que están totalmente controlados.

La denuncia del chantaje político de Podemos

Ninguno de los condenados quiso utilizar el turno de última palabra y dejaron sus defensas en manos de sus abogados. Los letrados, Javier Díaz Dapena, Miguel Valdés-Hevia, Ana Muñiz, José Carlos García y Sergio Herrero rechazaron cualquier riesgo de fuga y de alarma social en los ciudadanos por el Caso Marea, contradiciendo la versión del abogado Alberto Suárez, que llevó por esa línea la justificación de la acusación, en representación del grupo parlamentario de Podemos para ratificar su petición de ingreso inmediato en prisión. El letrado Javier Díaz Dapena, que ejercita la defensa del empresario Alfonso Sánchez, negó que hubiera alarma social y aseguró que «lo que hubo fue una alarma mediática, pura y dura» y agradeció al Principado que no cediera «al chantaje político de Podemos, porque lo más fácil era subyugarse al chantaje porque se ha jugado con la Ley de Transparencia».

Las defensas incidieron en que detrás de esa petición no había argumentos jurídicos, sino una motivación política y acusaron a Podemos de intentar chantajear al Gobierno regional y a los propios jueces al haber emprendido una campaña de recogida de firmas en internet para su encarcelamiento, saltándose todas las garantías procesales.

Al término de la vista, el secretario general de Podemos, Daniel Ripa, acompañado del letrado de la acusación, Alberto Suárez, siguió insistiendo en la gravedad de los hechos juzgados al no haber sido devuelto el dinero defraudado, que superan los 15 millones de euros, según sus cálculos, por el amaño de contratos de obra pública para beneficio de empresas privadas.