La justicia asturiana comenzará una huelga indefinida el 2 de octubre

Una «discriminación salarial» respecto a sus compañeros del resto del Estado y una «dejadez de funciones desde que el Principado asumió las competencias de justicia en el 2009» son los motivos por los que la Plataforma Sindical de Justicia y Función Pública, formada por los sindicatos STAJ, CC OO, USIPA-SAIF y UGT, convoca una huelga indefinida. Será a partir del 2 de octubre y afectará a 1.238 trabajadores en Asturias.

Así lo ha anunciado Juanjo Azcano, secretario de Justicia de CCOO, que ha comparecido este miércoles en una rueda de prensa celebrada en la sede de UGT en Oviedo, donde estuvo acompañado de Guadalupe Lorenzo (USIPA-SAIF), Elena Casas (FeSP-UGT Astuias) y Félix Jara (STAJ-Asturias).

Los sindicatos han afirmado lamentar las molestias que va a suponer esta situación para la ciudadanía, pero han destacado que su intención en todo momento ha sido alcanzar un acuerdo, «pero la postura inflexible del Gobierno asturiano no ha permitido esta situación», ha sentenciado Azcano.

Para el responsable de Justicia en CCOO, el Ejecutivo autonómico «sigue sin querer reconocer un derecho que tenemos como funcionarios de la administración de justicia» y ha indicado que la convocatoria responde al «mandato» de los trabajadores, que a través de una encuesta se mostraron partidarios a la huelga.

La situación se produce después de que en una reunión con el Principado este martes la oferta que les ofrecieron «fuera peor que las que se nos habían presentado anteriormente», ha señalado. El Ejecutivo les ofreció un aumento del complemento específico salarial de 60 euros en 2018 y 30 euros en el 2019. Una cantidad que está muy lejos de las pretensiones sindicales.

Según Guadalupe Lorenzo, de USIPA-SAIF, lo que solicitan es equiparse con el resto de autonomías, donde este complemento oscila entre los 200 y 300 euros. «La justicia asturiana es muy buena en cualquier parámetro que se mire, estamos a la cabeza, pero estamos a la cola en retribuir dignamente a sus funcionarios», ha apuntado Lorenzo.

Así, ha señalado que desde que Asturias asumió las competencias de Justicia, cada funcionario ha dejado de percibir unos 19.000 euros, «todo ello por hacer el mismo trabajo que en otras comunidades transferidas».

Por otro lado, Félix Jara (STAJ-Asturias) ha reivindicado la recuperación del complemento que afecta a los juzgados de violencia sobre la mujer, eliminado en 2012 «y que ya ha sido recuperado en otros territorios». Además, ha recordado que estos juzgados tienen una carga de trabajo añadida «por la complejidad de la materia tratada y por la disponibilidad horaria ante la urgencia de las situaciones».

Ha mencionado la situación del juzgado de Gijón, «que cuenta con dos funcionarios menos que el de Oviedo, lo que agrava su situación». Por eso, ha solicitado personal de refuerzo y una formación específica, «porque muchas veces no pueden acudir a los cursos por su escasa plantilla». Todo ello, según ha señalado, cuando hay un incremento en las estadísticas de los procedimientos penales y civiles relacionado con la violencia contra la mujer.

Por otro lado, Elena Casas (FeSP-UGT Astuias) ha reiterado en pedir disculpas a la ciudadanía, «pero hemos agotados todas las vías de negociación posibles y no vamos a consentir que este Gobierno siga dilatando más en el tiempo la desigualdad salarial que sufrimos los funcionarios de la justicia en Asturias».

Una desigualdad que según ha indicado comenzó en el año 2009, en el momento que Asturias asumió las competencias en la materia. Por eso, ha explicado que está en manos del Ejecutivo «poner solución a la situación que lleva a la huelga en Asturias». En ese sentido, Juanjo Azcano ha denunciado que el Gobierno autonómico sufre de «desgana y apatía» desde que asumió las competencias, «porque hay un seguidismo de todo lo que hace el Ministerio».

Así, ha recordado que Cantabria y el resto de comunidades autónomas implantaron su propio sistema de gestión, «pero aquí dependemos de la bazofia de programas que nos da el Ministerio, con tecnología de hace 25 años», ha sentenciado.

Además del complemento de violencia de género y el aumento del complemento específico transitorio en 300 euros mensuales, la Plataforma ha solicitado un complemento de IT que iguale a los trabajadores con Magistrados, Jueces, Fiscales Letrados y personal del ámbito del Ministerio; una regulación de las sustituciones horizontales y verticales; y la elaboración de protocolos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo.

También solicitan la creación de una comisión mixta entre Administración y Sindicatos de estudio y acuerdo sobre refuerzos en plantilla; resolver definitivamente el problema de los archivos judiciales; una mejora sustancial de la formación y de la tecnología utilizada; la convocatoria de una nueva bolsa de interinos; y la recuperación de la acción social.