El Gobierno destaca que las penas en la sentencia coinciden con su petición

El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, ha destacado hoy que las condenas impuestas a los acusados en el caso Marea en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo «se parecen mucho» a la petición de penas planteada en la causa por el Principado y por la Fiscalía. La sentencia, de 1.079 folios, ha sido notificada hoy a las partes después de que ayer se leyera en audiencia pública la parte correspondiente a los hechos probados para los ocho condenados, que suman penas que superan los 40 años de prisión.

A la espera de conocer el contenido íntegro de la sentencia, Martínez ha defendido que el Gobierno, que ejercía la acusación, «ha actuado con firmeza y con convencimiento absoluto en cada uno de los pasos» que ha seguido la tramitación judicial de la causa.

«Hemos demostrado firmeza en la petición de responsabilidades -coincidentes con la de la Fiscalía- y esa es la línea que va a seguir el Principado», ha añadido el consejero, que ha incidido en que en la sociedad asturiana «no hay cabida para ninguno de los comportamientos que refleja el fallo».

Martínez había anunciado el pasado lunes que el Gobierno se sumará al criterio de la Fiscalía sobre la petición de ingreso en prisión, una postura que fue criticada por Podemos, que también figura como acusación particular, y que ayer lamentó que el tribunal no atendiera su solicitud de celebración inmediata de una vistilla para pedir el ingreso en prisión provisional de los condenados.

La sentencia condena al exconsejero de Educación del Gobierno asturiano José Luis Iglesias Riopedre y a su número dos en el departamento, María Jesús Otero, a 6 y 9 años y medio de prisión, respectivamente.

También condena a la funcionaria Marta Renedo Avilés, cuyas iniciales forman el acrónimo que da nombre al caso, a 9 años de prisión por su participación en la trama de adjudicación irregular de contratos a varias empresas.

Por su parte, los cuatro empresarios juzgados -Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo; Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín; Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, y José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería- han sido condenados a un total de 15,9 años de prisión.

La sentencia condena además a un funcionario del Ayuntamiento de Mieres a una multa de 1.800 euros por cohecho, absuelve a otros cinco empleados públicos de otros ayuntamientos y de la Universidad de Oviedo e impone al Enrique Iglesias, hijo del ex consejero, el pago de 99.405 euros en calidad de partícipe a título lucrativo.