El tribunal no ha podido cuantificar todo el fraude del «Caso Marea»

La capacidad que la exfuncionaria Marta Renedo tenía para hacer y deshacer en las sucesivas Consejerías del Principado en las que trabajó como jefa de servicio facilitaron sus movimientos para favorecer tanto sus propios intereses como los de los empresarios a los que beneficiaba con la adjudicación de contratos fraccionados, sin pasar por filtro alguno.  Esta circunstancia es una de las claves que ha impedido al tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo cuantificar todo el monto del fraude a las arcas públicas.

El magistrado Francisco Javier Rodríguez Santocildes, ponente de la sentencia del «Caso Marea», reconoció esta mañana durante la lectura de los hechos probados que «ha sido imposible determinar hasta el momento» el perjuicio generado en la Consejería de Educación, porque el Principado no hizo un primer cotejo de los materiales que han sido entregados en los colegios hasta el año 2015, cuatro años después de que se destaparan estas irregularidades.

Eventos pagados y no realizados

Durante la etapa de Marta Renedo en la Consejería de Cultura, ésta llegó a fabricar resoluciones que, según el tribunal, «eran fotocomposiciones, recortando de una fotocopia otra resolución, en la que figuraba el número de registro y fotocopiando la firma de la consejera».

Entre los años 2004 y 2007, la exjefa de Servicio emitió 34 facturas a Cultura por exposiciones y eventos que no se realizaron y sin embargo, «la Consejería las tramitó y pagó». Las actuaciones irregulares de la exfuncionaria se produjeron durante la etapa de las exconsejeras Encarnación Rodríguez Cañas y Ana Rosa Migoya, tanto en la Consejería de Administraciones Públicas como en Cultura.

El diputado Daniel Ripa, de Podemos, cifró en 15 millones de euros la cantidad que su grupo parlamentario calcula que ha sido defraudada, mientras que el Principado cifra en algo más de 5,2 millones de euros.