El tribunal tiene la «duda razonable» de si Riopedre conocía las contrataciones irregulares

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo en relación al caso Marea, la mayor trama de corrupción detectada en el Principado, mantiene la duda razonable de si el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre estaba al corriente del sistema irregular de contrataciones articulado por su número dos, María Jesús Otero, con los empresarios involucrados.

Según el relato de hechos probados al que hoy ha dado lectura el magistrado ponente de la sentencia, Francisco Javier Rodríguez, Otero, condenada a nueve años y medio de prisión, y Riopedre, condenado a seis años, favorecieron la adjudicación de contratos a las compañías de los empresarios procesados correspondientes en muchos casos a productos homologados y negociados sin publicidad.

A juicio del tribunal, esta actuación requirió que dos de los empresarios condenados --Victor Manuel Muñiz, de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, de APSA-- contaran «cuando menos con la colaboración» de Otero dadas las amplias competencias que le daba su cargo como directora general de Planificación de la Consejería de Educación.

Aunque la sentencia señala que Otero, que controlaba «todo» el proceso de contratación y a cambio recibió dádivas de las empresas, contó con el conocimiento y la aquiescencia del consejero para favorecer todo tipo de contratos a Igrafo y Apsa,el tribunal mantiene «la duda razonable» de que Ripedre estuviera «al corriente» de las prácticas de su número dos con los propietarios de ambas compañías, condenados ambos a seis años y medio de prisión.

La sentencia, que será notificada mañana a las partes, sí considera que el ex consejero, de 77 años, convino con Otero y con Muñiz el encargo de estudios para la implantación de sistemas geotérmicos de calefacción para varios centros educativos de la región.

Tras realizar un fraccionamiento de los contratos para evitar su licitación pública y adjudicarlos a la empresa Nora Proyetos e Ingeniería, los estudios fueron finalmente elaborados por una sociedad de la que era propietario el hijo del consejero.

La sentencia considera probado que los empresarios estaban «en la cúspide de la toma de decisiones» para articular un sistema para ser adjudicatarios de contratos públicos a través de una concurrencia «que no era tal».

En el caso de la funcionaria Marta Renedo, condenada a nueve años de prisión, la sentencia relata cómo abrió varias cuentas cuando trabajaba para la Consejería de Servicios Sociales a nombre de personas que habían solicitado ayudas de la administración utilizando los datos personales que estos habían facilitado.

En dichas cuentas Renedo recibió diversos pagos de empresas como Asac Comunicaciones, que, a iniciativa de la funcionaria, contrató y pagó los salarios de cuatro personas que realizaron distintas funciones en equipamientos del Principado sin expediente administrativo alguno en la Consejería de Cultura.

La trama creada por Renedo le permitió recibir numerosos pagos por «actuaciones ficticias y servicios que nunca se prestaron» de empresas para el Principado cuando la funcionaria pasó a depender de los departamentos de Cultura y de Administraciones Públicas dado que, por su cargo, podía autorizar contratos menores.

Dicha actuación era, según la sentencia, ignorada por sus superiores jerárquicos en la administración, cuya firma falsificó en varias ocasiones lo que le permitió además recibir ingresos de las compañías involucradas a través de una empresa constituida por ella en 2008 en la que, para dar apariencia de actividad, dio de alta a personas cercanas como la profesora de inglés de sus hijos.

Tras la lectura de los hechos probados y del fallo de la sentencia, que se ha prolongado durante casi dos horas, el tribunal procederá mañana a notificar a las partes el texto completo de la resolución judicial, que se prevé que cuente con más de mil paginas.

El tribunal ha dejado pendiente de fijar la fecha para la celebración de la vistilla en la que se determinaría el posible ingreso en prisión de los condenados solicitada por la representación de la acusación popular que ejerce Podemos.