«Están causando un daño innecesario», denuncian los abogados del «Caso Marea»

Las defensas de los principales condenados en el «Caso Marea» no dan crédito al  «cúmulo de despropósitos» que, aseguran, se están registrando en una causa que, a priori, debía estar perfectamente controlada dada la «relevancia pública y el interés social» que suscita al haber sido ya calificada como la mayor trama de corrupción en la Administración del Principado. La demora en disponer del contenido íntegro de la sentencia, un año después de la celebración de la vista oral del juicio y tras seis años de instrucción, así como los reiterados cambios en la programación del calendario anunciado para tener a su disposición el documento físico de la resolución han incrementado el malestar de algunos letrados que ven cada vez más clara la posibilidad de recurrir a instancias judiciales superiores.

Una sentencia «a cachos»

«Están causando un daño innecesario a los acusados, en una situación cuanto menos insólita en los tribunales de justicia asturianos», coinciden en resaltar varios letrados personados en la causa. «No es normal, ni lógico que conozcamos la sentencia a cachos. Que nos digan a principios de verano que se baraja como fecha de notificación inicialmente la de finales de julio, luego que se comunicará el 1 de septiembre, ese día que nos digan que se pospone hasta el día 7 de septiembre y ahora, de nuevo, se cambie para el día 12. ¿Y nosotros?, ¿qué creen?, ¿que no tenemos otros señalamientos, otras causas, y que estamos sólo esperando por este caso?», se quejan.

Varios abogados tienen señaladas vistas orales de otros asuntos el próximo martes, día 12, fecha prevista por el tribunal para proceder a la lectura del relato de hechos probados de la sentencia «en su integridad» y de un extracto de sus fundamentos, además del fallo. Tras su lectura se comunicará a la Fiscalía y a los procuradores, a los que se entregará en sus respectivas memorias USB, tal y como se había acordado la semana pasada, dejando de esta manera sin efecto la notificación prevista para mañana, día 7.

«Estamos viviendo a golpe de improvisación. ¿Qué hacemos si los otros jueces con los que tenemos señaladas vistas ese mismo día acuerdan no suspender los juicios y nosotros no podemos acudir a sus juzgados porque tenemos que presentarnos el mismo día en la Audiencia? », inquieren.

Sorpresa, perplejidad e indignación

Otros letrados que no tenían vistas señaladas esa fecha entienden las protestas de sus compañeros. «Es normal que estén molestos, como podemos estar los demás, porque nadie comprende cómo no se dieron cuenta antes de que una sentencia de esta envergadura, que se calcula que tiene un volumen superior a mil folios, iba a traer problemas al sistema Lexnet, como ha quedado demostrado ahora», señalan.

La primera reacción de algunas defensas, nada más conocer la providencia dictada por el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, fue de «sorpresa», para dar paso a continuación a la perplejidad e indignación. «¿Cómo no vamos a sorprendernos y a cabrearnos si es una tomadura de pelo y una vergüenza lo que está pasando?.  Está claro que los abogados no contamos para nada. No nos tienen en cuenta y nuestro tiempo, para ellos, no vale nada», mantienen.

Una situación similar a la que han vivido los acusados, según indican sus letrados: «Ellos tampoco entienden cómo puede pasar esto. Pero ni nosotros lo entendemos. Es inaudito», subrayan.

Las penas y el «modus operandi»

El tribunal ha accedido a comunicar el contenido del relato de hechos y el fallo en el transcurso de una audiencia pública atendiendo a una petición formal de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que alegaba que «el interés social» y «la relevancia pública» que había adquirido este caso lo justificaban.

La Audiencia impuso penas que suman más de 40 años a siete de los 13 acusados: María Jesús Otero, exnúmero 2 de la Consejería de Educación (9 años y medio), la exfuncionaria Marta Renedo  (9 años), el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre (seis años); el empresario Alfonso Carlos Sánchez, expropietario de Almacenes Pumarín S.A. (6 años y medio); la misma pena que ha recibido el empresario Víctor Manuel Muñiz; el empresario Antonio José Azorín recibió una condena de un año; el empresario Maximino Fernández una pena de un año y nueve meses y el funcionario Francisco Javier Juárez cinco meses de multa. Otros cinco funcionarios han sido absueltos.

Ernesto Iglesias González, hijo del exconsejero de Educación, tendrá que responder solidariamente de las indemnizaciones a cargo del exgerente de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz Menéndez, cuantificadas en 99.405,21 euros al considerar el tribunal que ha sido «partícipe a título lucrativo».

El  «Caso Marea» o «Caso Renedo», como se denominó indistintamente, se destapó en el año 2010, a raíz de la investigación policial iniciada a la exfuncionaria Marta Renedo, nexo común entre los responsables de Educación en la etapa de gobierno del presidente socialista Vicente Álvarez Areces y los empresarios juzgados. La trama consistía, según el tribunal, en el amaño en la adjudicación de contratos de obra pública para favorecer a empresas privadas, de las que presuntamente se beneficiaban los acusados.