Las piezas que le faltan al inmenso puzle de la represión franquista en Asturias

En 2003, 28 años después de la dictadura franquista, comenzaba en Asturias una prolija investigación para ubicar en el mapa de la memoria el destino de los miles de asturianos, víctimas del franquismo, cuyos cadáveres siguen en varios cientos de fosas comunes que se reparten por casi toda la región. Solo en Aragón y Andalucía se cuentan más fosas que en Asturias. Este mapa, que elaboró un equipo de ocho investigadores de la Universidad de Oviedo y que fue presentado en 2010, dio como resultado 343 fosas localizadas en 55 concejos. 42 años después de la muerte de Franco, cuando la sola mención de la reparación de las víctimas del franquismo sigue aturdiendo por diferentes motivos a una parte de la población española, la inmensa mayoría de los desaparecidos asturianos siguen como estaban. Sepultados en fosas comunes. Sin identificar.

El estudio, que se basó en la numerosa documentación que existe, recoge no obstante que la mayor parte de las fosas de los muertos del bando sublevado se exhumaron inmediatamente después de que finalizara la guerra para ser trasladados a cementerios. La labor investigadora que se daba a conocer en 2010 no había hecho más que empezar, pero dejó de tener financiación en 2011 y, pese a que la investigación nunca se dejó de lado, pasó a ser una cuestión de voluntad por parte de los investigadores, en su mayoría becarios, o ligada de forma colateral a otros proyectos universitarios.

Tras seis años sin apoyo económico, se reactivan las ayudas a la investigación

Este año, tanto el Gobierno del Principado como el Ayuntamiento de Gijón han vuelto a reactivar su apoyo económico para que esa investigación siga adelante y que la actualización del mapa por fin pueda ir cubriendo los vacíos que sigue teniendo el inmenso puzle de la represión franquista en Asturias. «Ya era hora, aunque sean cantidades pírricas», dice Juan Cigarría, presidente de la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr), que aglutina a tres asociaciones memorialistas de Asturias: el Foro Ciudadano por la República, la Memoria Histórica Asturiana y el Foro por la Memoria. En el caso del Principado, son 25.000 euros cuando el convenio que finalizó en 2011 ascendía a 70.000 euros. La ley estatal de la Memoria Histórica, que entraba en vigor en 2007 y que debería asumir este apoyo, no tiene asignado ni un solo euro desde 2013.

En Famyr, que colabora y colaboró en esa investigación que lidera la profesora de Historia Contemporánea Carmen García, también iniciaban en 2004 algo impensable durante décadas, y no solo durante las ominosas décadas del franquismo: reclamar justicia para las víctimas de la dictadura. Reclamar la misma justicia que sí han tenido las víctimas de conflictos similares en más de 30 países del mundo, incluido Camboya, el único país que supera en desapariciones a España. «Nos miraban como si estuviéramos locos y hoy todo el mundo asume ese mensaje de reparación. Que al menos todo el mundo lo reconozca es una victoria», dice Cigarría, que explica que llevar a cabo este tipo de investigaciones sigue siendo complicado y más según la zona en la que se desarrollen.

«Cada día queda un testigo menos»

«El occidente asturiano es el más complicado por la idiosincrasia de la gente. Cuando la represión, no hubo casi resistencia y, además, la implantación de izquierdas es mucho menor que en el centro. La gente es reacia a hablar y tienes el tiempo justo -explica-. En las cuencas, en Gijón, es más fácil por el activismo… En Mieres, por ejemplo, tienen el componente político y están más concienciados. El oriente, sin embargo, también exige más tiempo». Una de las partes fundamentales de esta labor de investigación son los testimonios de quienes siguen vivos, que además pasan a formar parte del Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias, adscrito a la Universidad de Oviedo. 

«Lleva mucho tiempo encontrar a la persona, grabarla, minutarla…», explica Cigarría. Pone como ejemplo los tres años que emplearon en Famyr para encontrar a posibles testigos que ubicaran la fosa común de Parres, en Arriondas, en donde estaban enterradas cinco personas. Unir todas las piezas de un puzle inmenso es un trabajo arduo. «Las fosas anónimas llevan mucho trabajo. Y cada día queda un testigo menos», apunta. 

Una de cada tres familias asturianas está afectada por esta situación

El mapa de las fosas comunes de Asturias, en cualquier caso, está bastante actualizado, pero Cigarría calcula que todavía quedarán decenas de asentamientos pendientes de identificar. Buena parte de ellos serían sobre todo fosas pequeñas, de una o dos personas. «Incluso como las del Fitu, en donde existen varios asentamientos también pendientes de identificación y en donde hay testimonios de cuando se hizo la carretera que relatan que los camiones bajaban con restos humanos», recuerda Cigarría. Los restos de esas fosas, por tanto, se han perdido como en casi una veintena de asentamientos destruidos, entre otros motivos, por obras y construcciones. 

La mayoría de las fosas de quienes murieron por defender la libertad y la República en Asturias son pequeñas. Las hay individuales y colectivas. De guerra, en las que se enterraban a los combatientes muertos o fusilados tras el combate, y de civiles represaliados al término de la Guerra Civil. El número real de desaparecidos no se conoce todavía, pero sí se sabe que por lo menos fueron 20.000 y que alrededor de 7.000 fueron fusilados tras ser condenados en consejo de guerra. «Obviamente habrá más», dice Cigarría, que recuerda que esta situación afecta al menos a una de cada tres familias asturianas. 

Del miedo de los hijos al interés creciente de los nietos

«Los 40 años de dictadura más los 40 años de posfranquismo hacen mella en la conciencia a la hora de reivindicar sus derechos, pero todas las semanas tenemos llamadas. Desde 2004 hemos atendido miles de llamadas de familiares de desaparecidos, unas con éxito y otras sin éxito. La generación de hijos se despreocupó y la de los nietos es la que está cogiendo el hilo», indica. La despreocupación de los familiares de los desaparecidos, en buena parte de los casos, se debe al uso del miedo como instrumento de sumisión, que en dictaduras militares se lleva al extremo de la cultura del terror como ocurrió durante 40 años en España. «Algunos siguen teniendo tanto miedo que prefieren ocultarlo», explica Cigarría. El trauma de la violencia política, no obstante, es más difícil de mantener en quienes nacieron después de la dictadura. «Y no encontramos ansia de venganza ni rencor, solo búsqueda de justicia», aclara el presidente de Famyr. 

Algunas de las familias que se ponen en contacto con esta asociación memorialista lo hacen tras ser derivadas por las instituciones oficiales. «Hasta de la propia Delegación del Gobierno del Principado les remiten a nosotros y por ello creen que formamos parte del organismo oficial», explica Cigarría. No deja de ser curioso, o más bien sangrante, habida cuenta de los obstáculos que, desde la propia transición española por acción o por omisión, se han ido colocando en el camino de la memoria histórica de las víctimas del franquismo.