PP y Foro intentan tumbar la Ley de Reparación de Víctimas del Franquismo

El Partido Popular y Foro han intentado vetar la Ley que declara la nulidad de las sentencias del franquismo, propuesta por Podemos Asturies, votando en contra de su admisión por la Mesa de la Cámara. Rosa Espiño, diputada de la formación morada, señala que, con su voto en contra, PP y Foro han tratado de «acortar el primer paso para que se iniciara la tramitación de la ley». Este intento de veto, teniendo en cuenta que esta tiene el mismo contenido que la recientemente aprobada por unanimidad en Cataluña, apunta, según Espiño, a que «la ideología para algunos grupos parlamentarios va por territorios».

Finalmente, la Proposición de Ley de Reparación de las Víctimas del Franquismo ha sido calificada y admitida a trámite por la Mesa por mayoría, con el voto a favor de Podemos, IU y PSOE y con el voto en contra del PP y Foro. El informe de los servicios jurídicos anticipa la falta de competencia autonómica para llevar a cabo una parte de la iniciativa, la que tiene que ver con la declaración de la nulidad de sentencias, no en cambio, la que regula la recopilación y publicación de todas ellas por parte del Archivo Histórico de Asturias. 

La proposición de Podemos Asturias busca que esta ley declare ilegales los tribunales derivados de la jurisdicción franquista que actuaron en Asturias entre 1938 y 1978 y, en consecuencia, «deduzca la nulidad de pleno derecho de sus sentencias y resoluciones por causas políticas». También habilita al Archivo Histórico de Asturias para la elaboración y publicación de una lista de procesos y sentencias adoptadas durante el franquismo.

La ley emana de la reivindicación solicitada por las entidades memorialistas y en coherencia con los requerimientos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como del Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, del Consejo de Derechos Humanos, que en su último informe ha requerido a las instituciones del Estado a identificar mecanismos idóneos para hacer efectiva la nulidad de las sentencias adoptadas en violación de los principios fundamentales de derecho durante la Guerra Civil y el franquismo.