IU pide un «Plan de Racionalización» para atajar derivaciones a la sanidad privada

Gaspar Llamazares ha reclamado al Gobierno del Principado un Plan de Racionalización que permita reducir las derivaciones de pruebas diagnósticas, de rehabilitación o de cirugía al sector privado; una tendencia que «no solo se mantiene, sino que se incrementa», según el portavoz de IU en la Junta General. A partir de los datos presentados esta semana por la consejería de Sanidad a sus preguntas en sede parlamentaria por este particular, Llamazares concluye en declaraciones realizadas hoy, sábado, que queda demostrada una «deficiencia de gestión que debe ser corregida» mediante un plan que «permita distribuir esa subcontratación con el sector privado en materias que en estos momentos son provistas desde el sector público con tanta o con mejor calidad». El diputado recuerda que el año pasado Sanidad «dedicó casi 5 millones de euros» a este capítulo, y espera que «no sea la evolución de los acontecimientos quien solucione los problemas».

Llamazares -que preguntó si el Gobierno «prevé algún plan, general o específico, para la realización de todas estas actividades diagnósticas o terapéuticas en el sistema público o concertado»- se muestra asimismo «sorprendido» de la respuesta del consejero, que apuntó a «las nuevas adquisiciones de equipos radiológicos» y a «la actividad de nuestros hospitales, al igual que las propuestas entre las Gerencias y los diferentes servicios con el aumento de productividad tras la jornada de 8 a 15,30 horas». «El argumento no puede ser más pobre. Es imprescindible un plan de reintegración a lo público coordinado con la estrategia de listas de espera  y basado en la utilización eficiente de los recursos materiales y humanos del SESPA», replica el portavoz de IU.

Transferencias a sanidad penitenciaria

Respecto a la negociación a la transferencia de la sanidad penitenciaria, el incumplimiento del convenio existente entre la Comunidad Autónoma y el Estado para el pago de la misma a Asturias que está paralizado y las previsiones de negociación sobre la delegación al Principado, el ejecutivo asturiano reconoce que «el Estado no la paga desde el año 2011», pese a que el Gobierno asturiano la remite desde el mencionado año para su abono. A juicio del portavoz parlamentario de IU, la intención manifestada del ejecutivo nacional de transferir las competencias resulta un «bluf, dado que ni siguiera pagan el convenio de los últimos cinco años».