Siete claves de las detenciones de la Operación Hulla

El 8 de octubre de 2014 una noticia acaparó todos los titulares. El exlíder del Soma y hombre fuerte del socialismo asturiano, José Ángel Fernández Villa, había regularizado una fortuna de 1,4 millones de euros durante la amnistía fiscal decretada por el Gobierno del PP. Las alarmas de la Fiscalía Anticorrupción hacía tiempo que habían saltado. Sin embargo, hay un hecho anterior que pasó bastante desapercibido y que a la luz de los acontecimientos fue quizá tan crucial como este. El 30 de noviembre de 2011, el entonces presidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, organizó una indignada rueda de prensa al enterarse de que había un anónimo multiplicándose por círculos políticos y periodísticos en el que se le acusaba de enriquecerse a costa de su cargo y de las obras adjudicadas por la mutualidad. Postigo interpuso una denuncia por acoso y amenazas, dijo que él también estaba recibiendo misivas y hasta sacó su declaración de la renta para tratar de demostrar que no se estaba llevando ni un euro. Tres años después se supo que entre él y su hija habían regularizado 360.000 euros. A día de hoy, se encuentra detenido por la UCO en una investigación que pone su foco en la construcción de la residencia de Felechosa pero que somete a revisión todo su mandato.

La complejidad del caso que está tratando de esclarecer la Operación Hulla pivota tanto por el elevado número de implicados como por las complejas redes familiares y de amistad, las fortunas que se han podido amasar y las implicaciones que conllevan. Desentrañar el quién es quién y qué papel juega cada uno puede ayudar a comprender qué están haciendo los agentes de la UCO, bajo el mandato de la Fiscalía Anticorrupción, en Oviedo.

1. Nombres propios. Los detenidos en la Operación Hulla son cuatro. El primero de ellos el propio Postigo, que estaba en Murcia y ha sido trasladado a Oviedo. Junto a él, se encuentra Juan Antonio Fernández, el gerente de Alcedo de los Caballeros, la constructora que levantó la residencia de Felechosa; el arquitecto Manuel Sastre, que fue el encargado de las certificaciones de las obras del geriátricos; y el exasesor fiscal de la mutualidad, José Manuel Fernández, que también participó en el proceso. José Manuel Fernández fue, además, el profesional que recomendó tanto a Postigo como a Villa que aprovechasen la amnistía para regularizar su fortuna y que incluso les acompañó a las entidades bancarias.

Además de los cuatro detenidos, hay una serie de nombres propios que han ido saliendo en la operación y que también están siendo investigados. Esto sucede con algunos familiares directos. Han pasado ya por los juzgados, al sospechar que pudieron ser colaboradores, la mujer y los dos hijos de Fernández Villa, María Jesús Iglesias y Rolando y Ángela Fernández. Rolando no es ningún desconocido. Fue gerente del Fasad (Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y Dependencias) primero, de donde salió en medio de una polémica por su gestión del personal. Tras la inauguración de la residencia del Montepío en Felechosa, este graduado social fue designado nuevamente gerente, con un contrato de 50.000 euros al año y un blindaje por despido de 80.000. Su marcha de la mutualidad también levantó polvoreda. Los números del geriátrico eran insostenibles y fue apartado. No aceptó de buen grado su paso a la segunda fila y llegó a demandar a la empresa. Alcanzó un acuerdo justo antes de que se celebrase el juicio.

Tampoco es una desconocida Patricia Postigo, la hija del expresidente. Ella regularizó 60.000 euros a la vez que su padre 300.000 y también estaba a sueldo del Montepío. La directiva que relevó a Postigo estaba contenta con su trabajo y la mantuvo en el cargo. Pero cuando se dio a conocer este hecho fue despedida. Entonces se supo que, al igual que Rolando Fernández, su contrato tenía un fuerte blindaje. Patricia no era la única de la familia a sueldo. Su hermana estuvo contratada por Alcedo de los Caballeros durante la construcción de la residencia. Un primo del expresidente fue responsable del complejo de Roquetas.

2. Cómo se expidieron las certificaciones de obra. La construcción del geriátrico es una de las grandes claves de la investigación, sobre todo, por la cantidad de dinero que movió: 32,5 millones de euros. Esta es la parte que puede afectar a la apropiación de fondos públicos, procedentes de los fondos mineros. La clave está en cómo se expidieron las certificaciones. Hay dos posibles alternativas, que no son excluyentes entre sí. Una opción es que certificasen trabajos que nunca se llegaron a ejecutar. Otra es que se hinchasen. Por ejemplo, que se certificasen calidades superiores a las ejecutadas. Hay que saber, por tanto, en qué punto o puntos falló la red de seguridad, la cadena de garantía. ¿Es responsabilidad exclusiva del Montepío de la Minería? ¿Supervisó de forma adecuada el Ministerio de Industria, que era la fuente que canalizaba los fondos mineros, el proyecto? ¿Hay una corresponsabilidad? Es importante, por tanto, determinar cuál era el procedimiento pautado y cuál se siguió para determinar las responsabilidades.

3. La obra singular. Hasta que se concretó el macroproyecto de la residencia de Felechosa, la tramitación y gestión de los fondos mineros fue diferente. La gran novedad del geriátrico no solo radica en la magnitud de su presupuesto -en origen 30 millones que se dispararon a 32,5 millones de euros- sino en que fuese una entidad sin ánimo de lucro y no una administración pública la que gestionase el dinero. Este hecho ya había sido motivo de fricción en los años 90, cuando los sindicatos trataron de convertirse en canalizadores de los recursos. Muchos ayuntamientos alzaron la voz e incluso el Principado, por lo que finalmente se atribuyó esta labor a las entidades locales, bajo la certificación del Principado. Aquel primer acuerdo lo firmó el hoy expresidente del Principado y entonces vicepresidente del Gobierno central, Francisco Álvarez-Cascos, con el propio José Ángel Fernández Villa y con el actual alcalde de Morcín y exsecretario de la Federación Industria de CCOO, Maximino García, durante el primer mandato de José María Aznar. Pero en 2009 con Felechosa se ensayó otro modelo. La presión ejercida por los sindicatos hizo que se publicase un real decreto para darle un encaje legal. Ya no hubo por el medio ni Gobierno autonómico ni consistorios. La cosa era entre el ministerio y la mutualidad minera.

4. Llegó el caos. Fuentes consultadas por La Voz reconocen que la tramitación y las certificaciones de obra del geriátrico de Felechosa conllevaron un alud de trabajo para el Montepío, que no estaba acostumbrado ni al tipo de tarea ni tampoco a la cantidad ingente de trabajo. Reconocen, de forma coloquial, que fue un pequeño caos.

5. Alcedo de los Caballeros. Otra de las claves de la Operación Hulla radica en saber el papel exacto de la constructora, cómo una pequeña empresa -que lleva por nombre el de un pueblo del concejo de Lena- se pudo hacer con un contrato de esa envergadura y cómo pudo facturar en total hasta 38 millones de euros al Montepío. Aquel famoso anónimo que Postigo salió a la palestra a desmentir ya hablaba de la estrecha relación personal entre el gerente de la empresa, Juan Antonio Fernández, y el entonces presidente del Montepío. La palabra más pronunciada entonces fue Mayorga. Esa es la localidad en la que ambos tienen un chalet, uno al lado del otro y casi idénticos. La misiva sin firma, que constaba de nueve páginas y que incluía hasta fotos, aludía al lujo de la vivienda y hacía coincidir en el tiempo la construcción de la residencia geriátrica con una ampliación llevada a cabo por el indignado Postigo. Tiempo después, algunos trabajadores subcontratados por Alcedo de los Caballeros reconocieron que habían sido llamados para la obra de Felechosa pero habían estado haciendo tareas en Valladolid. 

Hay más datos curiosos, al margen de que, como ya se ha explicado, una hija de Postigo trabajara en la constructora. El actual presidente del Montepío de la Minería, Juan José González Pulgar, asegura que el proceso de adjudicación de la obra fue legal pero curioso. Tras las averiguaciones realizadas, reconoce que hubo «un baremo a la carta» que permitió que se hiciera con el proyecto la empresa que presentó la oferta económica más elevada de las cinco que optaban, ya que se daba carácter «prioritario» al desarrollo del centro de hidroterapia que no estaba incluido inicialmente en el proyecto. Algunas fuentes del sector consultadas por La Voz también se preguntan cómo pudo una empresa tan pequeña conseguir la solvencia económica suficiente para hacerse cargo del proyecto. Los registros llevados a cabo estos días incluyeron también las oficinas de su sede.

6. Qué hay antes del 2009. El foco, por tanto, está sobre la residencia de Felechosa pero no en exclusiva. Las pesquisas tratan de iluminar otros campos también confusos. La propia Fiscalía Anticorrupción, sin vulnerar el secreto de sumario decretado sobre la investigación, ha dado más pistas. «Se investiga el indiciario desvío, apropiación y ocultación de fondos, tanto públicos, obtenidos por medio de una subvención concedida en el año 2009 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, como privados, pertenecientes a dicha mutualidad minera, entre los años 2005 y 2014», ha reconocido en el único comunicado oficial de la Operación Hulla. La labor de los agentes de la Unidad Operativa Central (UCO) excede por tanto el concejo de Aller y el periodo de tiempo que duró la construcción del geriátrico. La lana de esta madeja se teje durante todo el periodo de Postigo al frente del Montepío de la Minería, que entró en el año 2006 y que entregó el relevo a Pulgar a mediados de 2014.

La clave está en que también se analiza la apropiación de fondos privados, por lo que podría existir un agujero en las cuentas de la mutualidad que ayudaría a entender el enriquecimiento de José Angel Fernández Villa y de José Antonio Postigo. La actual dirección lleva más de dos años colaborando con Anticorrupción y poniendo en sus manos toda la documentación que le ha sido requerida, tanto las auditorías realizadas a las obras como expedientes que podrían ser interesantes. A lo largo de esa década se realizaron numerosas obras, por ejemplo, en los tres complejos que el Montepío posee en Murcia, Almería y Salamanca.

7. De cuánto dinero hablamos. Como mínimo, la fiscalía trata de aclarar el origen de 1,76 millones de euros. Esto es el resultado de sumar el dinero que Villa y la familia Postigo sacaron a flote en la amnistía fiscal. Una parte de ese dinero podría quedar explicada con otro caso que discurre en paralelo a la Operación Hulla y que es la demanda interpuesta por el sindicato Soma contra su exlíder Fernández Villa, tras detectar un agujero en la contabilidad de 430.000 euros. Una parte esos 430.000 euros no se corresponden con dinero en metálico, sino con todo tipo de gastos del día a día, desde regalos de perfumes a cafés, puros o flores. Otra parte -unos 250.000 euros- son de los talones nominativos que entregaba Hunosa por la dietas de los delegados sindicales en el comité intercentros y que no se ingresaban en la cuenta del sindicato. El Soma también reclama otros 70.000 euros a Pedro Castillejo, exsecretario de la Fundación Instituto para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (Infide), vinculado al sindicato.

El caso del Soma podría, entonces, explicar una pequeña parte del 1,4 millones regularizados. Pero quedaría más de un millón de euros en el aire, además de los 360.000 de la familia Postigo. La clave podría estar en esta complicada trama.