Los cuatro detenidos en la operación, ante el juez

Los cuatro detenidos en la Operación Hulla, en la que se investiga el presunto desvío, apropiación y ocultación de fondos públicos y privados del Montepío de la Minería, han llegado a los juzgados de Oviedo para prestar declaración ante la juez. Los detenidos, entre los que se encuentra el expresidente del Montepío de la Minería Asturiana José Antonio Postigo, que ayer fue trasladado a Oviedo desde Murcia, donde fue arrestado, han sido trasladados en un furgón de la Guardia Civil desde el acuartelamiento del Rubín de la capital asturiana. Los otros son el exasesor fiscal del Montepío de la Minería, J.M.F.F.; el arquitecto Manuel Sastre, autor del proyecto de la residencia en Felechosa, en Aller, y Juan Antonio Fernández, propietario de la constructora que ejecutó la obra, que supuso una inversión de 31 millones de euros.

La operación investiga el desvío, la apropiación y la ocultación de fondos públicos y privados del Montepío entre 2005 y 2014 iniciada en relación a un presunto blanqueo de capitales del exsecretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa, que en 2012 regularizó 1,4 millones de euros tras acogerse a la amnistía fiscal y que figura como investigado. En la operación para construir el geriátrico por la mutualidad se centran las sospechas sobre el origen de los fondos que Fernández Villa y Postigo -360.000 euros- regularizaron en la amnistía fiscal lo que determinó su expulsión del sindicato y del PSOE. Pero, además, se está revisando toda la etapa de Postigo al frente de la mutualidad.

La llegada de los detenidos, que previsiblemente declararán a partir de las 16:00 horas, se ha producido una hora después de que el exsecretario general del SOMA-UGT haya abandonado el Palacio de Justicia de Oviedo tras someterse a un examen del médico forense para determinar su estado de salud. La defensa de Fernández Villa, quien finalmente no ha declarado ante la juez, había pedido el examen forense previo, del que aún no se saben las conclusiones.

En otra causa por apropiación indebida tras la querella interpuesta por el SOMA-UGT, en la que ya se ha decretado apertura de juicio oral, la representación legal de Fernández Villa presentó numerosos recursos para tratar de evitar su declaración ante la juez, algo que finalmente tuvo que hacer el pasado marzo, catorce meses después de ser citado por primera vez. En aquella ocasión, un neurólogo designado por el juzgado para realizar el examen del estado mental del exlíder sindical ratificó que estaba en condiciones de someterse a un interrogatorio, aunque con preguntas cortas y con descansos.