PSOE e IU impiden en la Junta que se pida una nueva auditoría de Sogepsa

PSOE e IU han impedido hoy en el pleno de la Junta General que saliese adelante una moción del PP en la que se reclamaba al Gobierno una auditoría de la gestión llevada a cabo en la Sociedad para la Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (Sogepsa) por su exdirector, José María Quirós, y un informe detallado de las actuaciones judiciales que hay en marcha.

Asimismo, pedía una valoración actualizada de los activos con los que cuenta, que se especificase su deuda actual y con qué entidades, que se aclarase el importe de los avales y préstamos que tiene concedidos por el Principado, y las posibilidades reales que hay de venta de los activos disponibles.

Esta propuesta fue apoyada por Foro y Ciudadanos, formación que defendió también que se realizase un plan de viabilidad de la empresa a diez años vista, y que se hiciese un informe mercantil y económico que contemplase los costes que tendría para el Principado distintos escenarios, desde la continuidad de Sogepsa a su disolución.

Desde el PSOE, sin embargo, a pesar de que Dolores Álvarez Campillo aseguró que el PSOE siempre apoyaba las peticiones de información, y más en el caso de Sogepsa, criticó el tono con el que el popular José Agustín Cuervas-Mons había defendido esta moción.

Según la parlamentaria socialista, a los populares les sale sarpullido al hablar de lo público, y con las denuncias que hacen respecto a la gestión e irregularidades detectadas en la contratación de servicios o cursos de formación solo persiguen que se privatice la gestión del suelo.

Desde IU, Ovidio Zapico también incidió en que hay que garantizar que esta sociedad sea pública, antes de poner en valor el suelo público sin que el Principado salga peor parado de lo que está ahora, y advertió al PP que hay que impedir que los accionistas privados de Sogepsa se vayan de rositas con la socialización de las pérdidas.

IU votó en contra de la moción tras ver rechazada una enmienda en la que se quería introducir con carácter previo, que esas peticiones se realizasen «en el marco de la necesaria y urgente» necesidad de transformar Sogepsa en una empresa de exclusiva titularidad pública, frente al modelo mixto que tiene en la actualidad.

El diputado de Podemos Héctor Piernavieja justificó la abstención de su grupo en que la moción del PP es «medio coherente, pero repetida» porque hay encargado un informe al Síndico de Cuentas y un plan de viabilidad y una auditoría económica que el Gobierno se ha comprometido a presentar en mayo.

Previamente, Cuervas-Mons, encargado de defender esta moción, había señalado que el PP quiere determinar si Sogepsa es viable, con independencia de si su accionariado es totalmente público o no.

Para Cuervas-Mons, debe hacerse también una auditoría porque se han sucedido los escándalos, como los contratos informáticos que por importe de 900.000 euros hizo durante años con la misma empresa y sin concurso publico alguno, los 90.000 euros que se pagaron a un alto cargo del Gobierno por un curso de formación de dos días o los más de 52.000 euros que costó un máster que hizo el ex gerente en Madrid.

El forista Pedro Leal también ha señalado que la situación de la empresa es catastrófica y que por eso apoyaban esta moción, si bien se ha mostrado convencido de que, como en tantas otras ocasiones, se quedará en papel mojado.

La ponencia parlamentaria encargada de elaborar la ley para convertir en pública la sociedad mixta de gestión del suelo Sogepsa rechazó la semana pasada esta posibilidad tras aprobar las enmiendas presentadas en este sentido al texto del Gobierno por PP, Podemos, Foro y Ciudadanos.

La empresa arrastra una deuda de 109 millones de euros con los bancos, de 44 más con el Principado y de otros 7 con la UTE que inició las obras de ejecución del polígono de Bobes, actualmente paralizado y que requeriría de 14,5 millones para su finalización.

Según ha señalado recientemente la consejera, el acuerdo alcanzado con la UTE de Bobes (Siero) que permitió salir del preconcurso de acreedores obliga a pagar a fin de año la deuda con dichas empresas lo que, en caso de no convertirse en pública, conduciría a la disolución de una sociedad mixta de gestión del suelo constituida en 1985.

La empresa tiene además suelo residencial sin vender que permitiría construir unas 1.200 viviendas y unos 700.000 metros cuadrados de parcelas industriales ya urbanizadas que podrían pasar a manos de los acreedores en caso de que se disolviese la sociedad.