¿Y la asturiana?

A comienzos de la semana pasada, el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados anunció una iniciativa para favorecer el uso de las las lenguas oficiales del Estado a la hora de dirigirse a la administración. Una proposición de ley para «normalizar el uso de las lenguas cooficiales en el día a día de los ciudadanos con las administraciones públicas», según destacó el portavoz socialista Rafael Hernando, de manera que pueda utilizarse el euskera, el gallego o el catalán, para dirigirse a instituciones y organismos estatales, ya que estos idiomas sólo gozan de oficialidad en cada uno de sus territorios. Hernando, que destacó que «el fortalecimiento de cualquiera de las lenguas españolas no va en detrimento de las otras», puso de ejemplo la posibilidad de poder tramitar el DNI o el carnet de conducir de forma bilingüe en cualquier comunidad autónoma. Pero ¿qué pasa con la lengua asturiana?

La llingua no tiene reconocimiento de oficialidad, tampoco en el Principado, y sin embargo, goza de un reconocimiento específico en el estatuto de autonomía. Es el argumento al que se ha aferrado Iniciativa pol Asturianu para reclamar al PSOE que tenga en la misma consideración a la lengua asturiana a la hora de desarrollar su proyecto de ley. «Podemos concluir que la lengua de nuestra comunidad goza de un marco de protección, lo que hace que la sociedad civil asturiana esté en condiciones de exigir que se aplique la ley y que ésta se tenga en cuenta en caso de que se amplíen las condiciones», señaló el colectivo a través de un comunicado en el que se ofreció además a prestar su colaboración en los trabajos para que sea incluída. En términos muy más duros se pronunció la Xunta Pola Defensa de la Llingua que, dado que el presidente asturiano Javier Fernández es también el máximo responsable de la gestora del PSOE, le acusó de «vetar» explícitamente al asturiano de este proyecto. «Quiere decirse, los asturianos quedamos fuera, volvemos a ser ciudadanos de segunda sin los propios derechos que el resto de habitantes del Estado», afirmó la Xunta quien incidió en que «un asturiano también podrá renovar el DNI en Luanco, en Vegadeo o en Gijón en gallego, catalán o vasco, pero no podrá hacerlo en asturiano. Además, tendrá mil problemas y tendrá que presentar unos cuantos requerimientos para que este documento incluya los topónimos oficiales del sitio donde vive». No es una comparación sin fondo. En enero del año pasado, el escritor Iyán Vigil-Escalera denunció los problemas con que se había topado a la hora de renovar su documento nacional de identidad en la comisaría de Langreo por haber puesto en la solicitud  que su domicilio estaba en «Llangreu», topónimo en asturiano que, en todo caso, sí es oficial en el Principado. La Policía adujo entonces que no había podido tramitarlo porque lo impedía el sistema informático.

Llingua para hablar, no para responder

La ley autonómica afirma que «el asturiano como lengua tradicional de Asturias, gozará de protección. El Principado de Asturias promoverá su utilización, difusión y enseñanza», y recoge también el derecho de los ciudadanos a dirigirse en ella a la administración regional, pero no a la inversa. Es decir, ninguna norma obliga al Principado a responder en asturiano a un requerimiento que se le haga usando este idioma. Este vacío legal quedó expresamente de manifiesto hace un año, en febrero de 2016, cuando IU propuso que las comunicaciones de una comisión específica sobre la protección del asturiano se hicieran en el mismo idioma. La presidenta del PP Mercedes Fernández se opuso con vehemencia y acusó a la coalición de tratar de instaurar la oficialidad mediante un subterfugio, «por la puerta de atrás». De hecho presumió en su cuenta de Twiiter de habar logrado que el castellano fuera la única lengua del parlamento.

Lo cierto es que en los plenos de la cámara regional se usa el asturiano de forma habitual, con mayor o menor frecuencia lo utilizan diputados de Podemos, IU, e incluso lo ha hecho el consejero de Educación, Genero Alonso, del PSOE. La solicitud de IU de utilizar el asturiano en las comunicaciones de la comisión contó en principio con el respaldo de todos los grupos salvo el PP aunque, la discrepancia llevó a los socialistas a solicitar un informe al letrado de la cámara anunciado que, fuera cual fuera, asumirían su dictamen. Fueron los servicios jurídicos del parlamento los que señalaron que si bien la ley recoge el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la administración en asturiano, esta no tiene por qué hacerlo precisamente por carecer del estatus de oficialidad. De hecho, en su informe el letrado hablaba de cómo las traducciones de las intervenciones de diputados en asturiano al castellano se hacían mediante la buena voluntad de los electos ya que el parlamento carece de medios para llevarlas a cabo.