Riopedre y Otero, investigados por entrega irregular de material a colegios

El exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y su número dos en el departamento, María Jesús Otero, así como los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín), han sido llamados a declarar como investigados el próximo 21 de febrero para responder por presuntas irregularidades en la entrega de material a colegios.

Los cuatro, pendientes de la sentencia del caso Marea, la mayor causa de corrupción investigada en Asturias por la adjudicación irregular de contratos públicos a empresas, han sido llamados a declarar por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, según han confirmado a Efe fuentes judiciales.

La nueva investigación parte de la denuncia interpuesta en octubre por parte de la Fiscalía, a la que el Principado remitió un informe sobre supuestas irregularidades en el material enviado a 87 colegios de la región que elevaba en cuatro millones de euros el presunto fraude cometido por estos cuatro procesados en el caso Marea. El informe fue rechazado por el tribunal al inicio de la vista oral después de que la Fiscalía advirtiera en diciembre de 2014 de que esos cuatro acusados podrían tener que indemnizar al Principado, que en julio de 2015 una investigación sobre el material suministrado a 87 colegios entre 2009 y 2010 para comprobar si lo que constaba como facturado había sido entregado a los centros.

Al inicio de la vista oral del caso Marea, el tribunal rechazó incluir en la causa dicho informe atendiendo a la petición de la Fiscalía y de las defensas de los acusados al entender que generaría indefensión jurídica para los procesados. Posteriormente, el Principado remitió el informe sobre las presuntas irregularidades a la Fiscalía, a la que pidió que abriera diligencias de investigación.

Sobre este proceso judicial, el consejero de Educación, Genaro Alonso, ha manifestado que prestará «toda la colaboración necesaria» y que lo más importante es dejar a trabajar a la justicia en caso de que haya que depurar responsabilidades. Alonso ha recalcado que lo que procede es «mantenerse al margen» y colaborar con los jueces en el proceso si es necesario.

Por su parte, el diputado del PP David González Medina ha criticado la falta de transparencia de la Consejería en relación a la solicitud de información sobre las entregas de material a los centros escolares. Además, Podemos ha recordado que la Junta aprobó una moción suya que emplazaba al Gobierno a eliminar «cualquier actitud obstruccionista» en torno al caso Marea y considera que, con la apertura de esta segunda fase, la Fiscalía «enmienda la plana a Guillermo Martínez (consejero de Presidencia) y a la FSA». La sección tercera de la Audiencia Provincial prevé dictar en torno a la segunda quincena de marzo la sentencia del caso Marea, tras el macrojucio celebrado a lo largo de cuarenta sesiones durante el pasado año.

En el juicio se sentaron en el banquillo trece acusados, entre ellos Iglesias Riopedre y María Jesús Otero, que se enfrentan a una petición de pena por parte de la Fiscalía de diez año y medio y once años y medio de cárcel, respectivamente, y la funcionaria Marta Renedo Avilés -sus iniciales forman el acrónimo que da nombre al caso, Marea-, que se enfrenta a diez años de cárcel.

Los otros cuatro principales acusados son los gerentes de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, que se enfrentan a penas de 9 años; Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, para quien la Fiscalía pide cuatro años, uno más que para Antonio José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería.