El golpe de efecto de la UCO pone contra las cuerdas a UGT

Las siglas impresas en sus chalecos les diferencian del resto de agentes y advierten de su especialización como grupo dedicado a la investigación y persecución de las actuaciones delictivas. Los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil son personal experimentado, cualificado y, en muchos casos, titulados en Derecho, que se desplazan expresamente a una comunidad autónoma para desarrollar un operativo, a instancias de un tribunal de justicia o siguiendo órdenes del propio instituto armado, y recogen el material, las muestras o pruebas que avalen las sospechas o indicios de que las personas, instituciones u organizaciones investigadas puedan estar realizando actividades ilícitas.

Evitar chivatazos que entorpezcan la investigación

Sus integrantes reciben unas instrucciones concretas y, tras cumplirlas, regresan de nuevo a su centro de operaciones, en Madrid, sin que en muchas ocasiones los propios mandos de la Comandancia de la demarcación en la que se circunscribe el operativo sepan «a qué han venido o qué están buscando», según han confirmado varios agentes de la Guardia Civil asturiana consultados. Entre otras razones, para evitar chivatazos que puedan perjudicar o entorpecer  la investigación.

La aparatosidad de su despliegue, con agentes pertrechados con metralletas y concentración de vehículos todoterrenos rotulados, contribuye a ese efecto sorpresa, como ocurrió en  el caso de los registros efectuados en el edificio que alberga la sede central del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), en la conocida como la Casa Sindical, en la Plaza General Ordóñez de Oviedo. Junto a ellos, como medida de apoyo, agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo. Un operativo integrado por una veintena de componentes del Cuerpo, de los que cerca de una decena custodiaban la entrada en el inmueble.

Durante las siete horas que duró el registro, los agentes buscaron documentación y se llevaron información de los ordenadores para incorporar a la causa que investiga el Juzgado de Instrucción 4 de Oviedo, del que es titular la magistrada-juez Carmen Blanco. Tras un año y medio de investigaciones sobre el recorrido presuntamente ilícito que han podido seguir las subvenciones de los cursos de formación, la causa se activó con la escenificación de la detención de seis personas: el exsecretario general de UGT-Asturias, Justo Rodríguez Braga, los últimos responsables de Formación en las ejecutivas que dirigía, Daniel Rodríguez y Manuel Díaz Cancio, la responsable de Comunicación, Carmen Caballero, el trabajador del departamento de Contabilidad y nóminas del sindicato, Alberto González y la trabajadora del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), Silvia Sariego. Tras pasar 27 horas en los calabozos de la Comandancia ovetense, salieron en libertad, sin la adopción de medidas cautelares.

La «filtración» del informe

Mientras desde el sindicato calificaban los arrestos como «una cortina de humo para tapar escándalos como el del accidente del Yak-42 o el caso Gürtel», entre otros, una filtración del informe de la UCO cuantificaba en 845.226 euros el supuesto fraude de los cursos de formación cometido presuntamente entre los años 2010 y 2014. No obstante, el dinero supuestamente defraudado por UGT en el año 2012 (103.847 euros) y el año 2013(19.204 euros) no podría considerarse fraude de subvenciones ya que no supera el límite de 120.00 euros por ejercicio establecido en el Código Penal para ser considerado delito, por lo que podría sustentarse como una irregularidad administrativa.

Los investigadores calculan que la organización sindical hizo supuestamente un uso irregular de estas subvenciones durante años mediante «facturas engordadas» respecto a los costes de alquileres de locales y materiales así como destinando parte de estas ayudas a financiar su estructura a través del pago de nóminas a sus trabajadores.

Discreción y hermetismo

La actuación de la UCO, en este caso, ha sido «la habitual» para investigaciones de estas dimensiones, según confirman varios agentes de la Guardia Civil en Asturias. Aseguran que la UCO interviene generalmente a instancias de los tribunales de Justicia, bien de la Fiscalía o de los titulares de juzgados y, en otras ocasiones, prestan apoyo a las Unidades Orgánicas territoriales de Policía Judicial que por falta de personal, medios, o porque el ámbito delincuencial sea interprovincial, requieran su apoyo.

Su discreción es «absoluta» y el hermetismo que caracteriza su trabajo lleva a que, en la mayoría de las veces, ni siquiera los mandos de las respectivas Comandancias estén al corriente de sus investigaciones, de los arrestos que van a practicar o los registros e identificaciones que deben efectuar bien a instancias de los tribunales o para realizar sus informes. «Llama la atención el despliegue, pero es lo normal en estos casos», coinciden en señalar los guardias civiles consultados.

Por su parte, el secretario general estatal de la Unión de Guardias Civiles, Ramón Rodríguez Prendes, reconoce que los miembros de la UCO pueden comunicar o no a los responsables de la Comandancia a qué corresponde su actuación. «Dependerá mucho de las instrucciones que les den los jueces o sus superiores», explica. Admite que el amplio despliegue es cuanto menos «impactante» y por eso entiende que llame la atención de la gente ver un edificio tomado por la Guardia Civil, «pero nosotros desconocemos cómo funcionan internamente», reitera. Una opinión que, según recalca, no cuestiona ni la actuación de la UCO, ni de la Justicia