Gayol: «Hay una cultura de la corrupción que une a Susana Díaz y Javier Fernández»

La Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) y el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN) presentaron la mañana de este viernes su solicitud para presentarse como acusación popular el el caso abierto contra UGT de Asturias por un presunto delito de desvío de fondos de los cursos de formación impartidos por el sindicato. El responsable de OCAN, José Ángel Gayol, señaló que su organización llevaba un tiempo valorando presentarse en la acusación y que el registro de la sede sindical en Oviedo había «precipitado la decisión». A su juicio, «hay una conexión que une al UGT andaluz y al asturiano, una cultura de la corrupción que une a Susana Díaz y a Javier Fernández» y criticó al que fuera secretario general del sindicato en Asturias, Justo Rodríguez Braga, por afirmar, después de su detención, que había sido puesto en libertad sin cargos, y que los arrestos habían sido un «espectáculo mediático» para desviar la atención de otros casos de corrupción porque «son delitos muy serios como para hablar de cortinas de humo. No entiendo además que sigan que salen sin cargos cuando permanecen como investigados, lo que antes se llamaba imputados».

Justo Rodríguez Braga fue detenido el pasado martes junto a otros cinco miembros del sindicato y pasó una noche en el calabozo para ser puesto en libertad sin medidas cautelares a la mañana siguiente tras comparecer ante el juez. Sin embargo, y a pesar de que su abogado había señalado que sus representados estaban libres de cargos, el Tribunal Superior de Justicia emitió una nota en la que destacaban que continuaban en calidad de investigados.

El presidente de AVALL, Txomín Goñi Tirapu, destacó que su asociación ya se ha personado como acusación popular en varios casos de corrupción, entre los que citó el caso Marea, y citó una conferencia celebrada en en Granada de la jueza Mercedes Alaya «en la que casi pedía a voces que hubiera más acusaciones populares para hacer frente a la corrupción porque la justicia no siempre puede terminar con ella». En este sentido, Goñi Tirapu hizo un llamamiento a todos los colectivos y asociaciones que se sientan concernidos a unirse a su acusación (que deberá ser aceptada o rechazada por la juez en los próximos días) para impulsar la causa. De momento, junto a la acusación de la Fiscalía, también está presentada la particular del Principado de Asturias que anunció a finales del año pasado el consejero de Empleo, Francisco Blanco.

El abogado de ambos colectivos, Alberto Suárez, destacó que están a disposición del tribunal para facilitar todos los requisitos que se les puedan exigir para unirse a la causa y señaló que la figura de acusación popular permite presentarse a cualquiera aunque no esté directamente afectado porque «la corrupción no está en la nebulosa, si se dilapida dinero público, es dinero que no se gasta en educación, sanidad o carreteras».

Acompañando a los representantes de ambos colectivos, estaban los diputados de Podemos en la Junta General, Daniel Ripa, Emilio León y Andrés Vilanova, además de los sindicalistas de la CSI, Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala.