El tribunal que juzgó el «Caso Renedo» dictará la sentencia en marzo de 2017

Los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial darán a conocer públicamente la sentencia del denominado popularmente como «Caso Renedo» o «Caso Marea», indistintamente, en la segunda quincena del mes de marzo de 2017. Esa es la fecha que el tribunal calcula que podrá tener lista la resolución de la considerada como  mayor causa de corrupción investigada en la administración del Principado de Asturias. La Sala, integrada por los magistrados Javier Domínguez Begega, Ana Álvarez Rodríguez y Francisco Javier Rodríguez Santocildes, así lo han comunicado a través de una providencia, dictada hoy, día 30, cumpliendo así el compromiso alcanzado de dar traslado a las partes personadas en el sumario en la última semana del año 2016.

El tribunal había considerado oportuno informar sobre las previsiones respecto a la conclusión de la deliberación y redacción de la sentencia, a la conclusión del plenario, tras valorar «el volumen de las actuaciones y la entidad cuantitativa y cualitativa de las cuestiones que son objeto de juicio». En cumplimiento de este acuerdo y visto el estado de la deliberación y la necesidad de continuar despachando el resto de asuntos que ingresan a la Sala, los magistrados prevén que la sentencia estará finalizada en torno a la segunda quincena de marzo de 2017. No obstante, la fecha exacta de la notificación se comunicará con al menos una semana de antelación. Esta resolución o es firme, por lo que se puede interponer recurso de súplica.

Más de un centenar de testigos

El denominado «Caso Renedo» o «Caso Marea» está catalogado como la principal causa de corrupción investigada en Asturias por la adjudicación irregular de contratos públicos a empresas durante la etapa de gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces. Durante cuatro meses, la Sala ha celebrado casi 40 sesiones en las que han declarado más de un centenar de testigos. El juicio comenzó en el mes de abril de 2016 y sentó en el banquillo de los acusados a 13 procesados, entre ellos al exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, y a su «número dos», María Jesús Otero, que se enfrentan a penas de diez años y medio y once años y medio de cárcel, respectivamente. Las defensas de ambos acusados reclaman su absolución.

Según la versión de la fiscal, las presuntas irregularidades cometidas dieron pingües beneficios tanto a los propietarios de las empresas Comercial Asturiana de Papelería S.A. (Igrafo) y Almacenes Pumarín como a los máximos responsables de Educación que, a juicio de la acusación pública, «recibieron regalos, provocaron sobrecostes y utilizaron remanentes» del presupuesto de la consejería para favorecer los supuestos tratos de favor a esas empresas.

El quebranto económico

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias cree que hay «múltiples pruebas» que incriminan a ambos y a la funcionaria Marta Renedo Avilés, cuyas iniciales el acrónimo que da nombre al «Caso Marea», y a los cuatro empresarios que supuestamente integraban la presunta trama corrupta.

Por el quebranto económico causado, que no ha sido determinado con exactitud, si bien algunos letrados lo cifran en más de 6,5 millones de euros, el Gobierno asturiano ha reclamado una «sentencia condenatoria y dura» para los implicados en un caso que el Principado sitúa como «un hecho aislado» en una administración que cuenta con más de 25.000 funcionarios.

La defensa de Marta Renedo, que se enfrenta a 10 años de cárcel, solicitó la apertura de una investigación por «obstrucción a la justicia» por parte del Principado, administración a la que acusa de «ocultar, destruir o robar unos expedientes por los que a su defendida se piden muchos años de cárcel».

Una posible vulneración de derechos fundamentales

Los exgerentes de Comercial Asturiana de Papelería S.A. (Igrafo) y Almacenes Pumarín, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, respectivamente, afrontan sendas peticiones de penas de nueve años. El letrado del socio de Igrafo anunció que, en el caso de que su representado fuera condenado, acudiría al Tribunal Supremo para que se repitiera el juicio con todas las garantías, puesto que asegura que su patrocinado ha sufrido una «vulneración de derechos fundamentales». Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, se enfrenta a una solicitud de cuatro años, uno más que Antonio José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería. Junto a ellos, las acusaciones populares han sentado en el banquillo trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo como Paz Rodríguez Pendas, José Villa e Isaac Ovies, y del de Avilés, Braulio Iglesias; el funcionario del consistorio de Mieres Francisco Javier Juárez y el de la Escuela de Ingeniería José Manuel Blanco.

A lo largo de esta prolija causa han intervenido los abogados Isabel González Cachero, Antonio Pineda, Esteban Aparicio Bausili, Fernando de Barutell, Alberto Suárez Martínez, Ana María Muñiz Casares, José Carlos García Hernández, Miguel Valdés-Hevia Temprano, Javier Díaz Dapena, Sergio Herrero, Juan Muñiz Junquera, Ernesto Tuñón, Alberto García Montes, Manuel Machargo, Bárbara Sánchez Méndez, Luis Tuero Fernández, José Joaquín García Fernández y Francisco Javier Gómez Gil.