Así se fraguó el pacto sobre el presupuesto

La presidenta del PP asturiano Mercedes Fernández afirmó en la apertura del Comité Regional de partido, 24 horas antes de anunciar el acuerdo que daba paso a las cuentas autonómicas, que tenía redactadas en un cajón enmiendas parciales y de totalidad, y que no tenía en ese momento aún claro cuál de ellas saldría a la luz. A las 14:00 horas del martes concluía el plazo para que los grupos llevaran al registro del parlamento asturiano sus iniciativas así que a esa hora ya se sabía que los populares no presentarían ninguna de totalidad; pero la decisión de no apoyar ninguna de las del resto de partidos --han sido calificadas como tales hasta 84 por parte de los servicios jurídicos de la cámara: 2 de devolución de Podemos y Foro; 5 que afectan al capítulo de ingresos de IU y Foro; otras 5 al de gastos (de Podemos y Foro) y hasta 72 de la formación forista calificadas como de totalidad al referirse a ambos capítulos)-- en el debate que se celebrará hoy, viernes, en la Junta General para que el texto llegue vivo hasta la semana que viene se tomó en la noche del miércoles.

La noche más larga

El acuerdo para tramitar una ley en el ejercicio de 2017 y que entre en vigor ese mismo año para aumentar la exención del impuesto de sucesiones para las herencias hasta 300.000 euros se concretó en el solsticio de invierno, en la noche más larga del año, después de largas conversaciones entre ambos grupos en las que intervinieron tanto el presidente asturiano, Javier Fernández, como la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, y la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, quien reconoció además que, en su transcurso, se había dado debida información a la dirección nacional del PP «lógicamente porque tiene influencia nacional».

Fueron conversaciones con «reuniones físicas y telefónicas», según explicó la presidenta del PP quien agradeció además la «buena disposición» de la consejera Carcedo «sin escatimar tiempo» ni tampoco los datos que le fueron requeridos para concretar el pacto. Pero lo cierto es que esta solución no era el plan original. A comienzos de la semana estaba prácticamente perfilada una triple abstención de PP, Ciudadanos e IU que diera carta blanca al proyecto de presupuestos. El fondo adicional de 23 millones de euros que permitía el techo de gasto aprobado por el Ejecutivo Central había facilitado acercar posturas entre socialistas y naranjas; hacia el PP se dirigían los esfuerzos de comprometer un acuerdo paralelo al presupuesto sobre sucesiones (similar al que finalmente se cerró pero que no llegó a concretarse) mientras que el grupo parlamentario de IU había introducido en el texto varias de sus iniciativas. De hecho, el proyecto de este 2017 tomó como modelo básico el presupuesto pactado entre los socialistas y la coalición el año pasado y que fue retirado después de que Podemos anunciara su enmienda a la totalidad al día siguiente de las elecciones del 20D.

La tarde del martes Llamazares aún destacaba en su cuenta de Twitter su apuesta por no bloquear la situación, trabajar con el presupuesto «posible»y evitar ante todo el mal mayor de una nueva prórroga. Contaba además con el respaldo del nuevo coordinador general, Ramón Argüelles, para dirigir esa estrategia pero ambos se toparon con que en la reunión de la coordinadora, esa noche, se impuso (por 2 votos de diferencia) la postura de evitar la abstención lo que obligó al grupo a plantear una enmienda a la totalidad, desautorizando en buena medida el trabajo de los diputados. Esta votación, que fuentes de IU explican en «clave interna», dejó al PSOE pendiente ya únicamente de un acuerdo con PP y Ciudadanos. 

¿Intercambio de cromos?

Todo esto se produce en el mismo año en el que el presidente asturiano, Javier Fernández, asumió la dirección de la gestora del PSOE que permitió con una abstención la investidura de Rajoy para renovar un segundo mandato. Y de hecho ese fue el principal argumento de los críticos en la coordinadora de IU que vetaron la abstención del grupo. Es también la premisa básica de Podemos Asturies quien ayer decía ver confirmadas sus denuncias de que toda la negociación era fingida y que el pacto con los populares, un «intercambio de cromos» por la investidura en Madrid, era el objetivo inicial de todo el proceso.«Rigurosamente no», afirmó Mercedes Fernández cuando le preguntaron sobre esta suspicacia, y se remitió al año 2015 ---cuando PP y PSOE sí pactaron explícitamente el presupuesto, no con un acuerdo paralelo como ahora-- como ejemplo de su resolución por buscar salidas en aras del «interés general». La presidenta del PP señaló además que en 2015 la situación política nacional era muy distinta y su posicionamiento no había tenido que ver con ningún trueque estatal. Es cierto, aquel apoyo se explicó más bien en clave regional, para diferenciarse de un competidor directo a la derecha, Foro Asturias, que una legislatura después perdió gran parte de su apoyo electoral y, menguado, aceptó en el presente dos coaliciones con el PP para los comicios generales.

Resulta evidente que la «oposición útil» del PSOE nacional --con acuerdos como el del techo de gasto a cambio de una subida del SMI para 2017, o el más reciente contra la pobreza energética-- no podía quedar sin correspondencia. En varias ocasiones, sin que a Javier Fernández le hiciera demasiada gracia, el presidente Rajoy ha elogiado el nuevo tono de diálogo de la dirección interina del PSOE y en Asturias el principal resquemor para fraguar este acuerdo era precisamente el precio político que habría que saldar por un apoyo demasiado evidente de los populares. En todo caso, para el portavoz socialista Fernando Lastra, la teoría del «intercambio de cromos» es «una mera conjetura que no es veraz» y destacó que todo el proceso de la negociación había sido «transparente y público» por lo que podía comprobarse que se había dialogado con todos los grupos que se prestaron a ello.

Lo que hicieron el último verano

Desde el verano, el Ejecutivo socialista defendió en reiteradas ocasiones que su prioridad era forjar un presupuesto con la «mayoría de izquierdas» de la Junta General, la de los 28 diputados que sumarían las fuerzas de PSOE, Podemos e IU. Buena parte de los esfuerzos en el primer tramo negociador se enfocaron en esa posibilidad que nunca tuvo muchas ocasiones de prosperar. En agosto Izquierda Unida lanzó su propuesta de celebrar una «mesa tripartita» con los tres grupos en la que se abordara, en primer lugar, un posible acuerdo en materia fiscal que sirviera de base para uno sobre el presupuesto. Fue recibida positivamente por los socialistas pero rechazada por Podemos quien reclamó además, por boca de su diputado Enrique López, que se presentara un anteproyecto de la cuentas autonómicas para sentarse a la mesa.

Tanto PSOE como IU adujeron que ese anteproyecto reduciría en todo caso las opciones de diálogo porque con un monto global ya establecido sólo sería posible mover partidas entre consejerías. En todo caso, esa mesa tripartita nunca fue percibida como posible por Podemos y, a la hora de iniciar, ya en otoño, el diálogo sobre los tributos, se negó en reiteradas ocasiones a vincularlo a las cuentas por considerar que no tenían por qué tener necesariamente relación los ingresos y gastos de la comunidad.

La crisis interna del PSOE, la abstención en la investidura y la asunción de la presidencia de la gestora por parte de Fernández llegaron en la víspera del debate de orientación política (el debate sobre el estado de la región) en el que las relaciones entre PSOE e IU ya quedaron bastante deterioradas pero en el que se insistió de nuevo en la propuesta de una negociación tripartita sobre los presupuestos. De nuevo Podemos rechazó esa posibilidad, el «plan A» de Llamazares, e insistió en mantener encuentros bilaterales con el Gobierno sin la presencia de IU, quien llegó a recordar que, al fin y al cabo, ambos grupos, la coalición y los morados, habían concurrido juntos en las elecciones de junio. Pero finalmente los encuentros se mantuvieron bilaterales y también estériles. A los desacuerdos sobre la repercusión de las propuestas fiscales de Podemos se sumaba la mutua desconfianza de ambas fuerzas y hasta se prolongaban las sesiones en reuniones maratonianas paralizadas por cuestiones técnicas sobre si las referencias de las cuentas se tomaban respecto al presupuesto prorrogado o sobre el borrador fracasado de 2016. Para Podemos nunca hubo verdadera intención negociadora porque el propósito subterráneo era el pacto con el PP, para el PSOE, la postura de los morado era un «postureo» destinado a aparentar una voluntad de diálogo que nunca había existido en realidad.

Como una profecía autocumplida, las querellas (internas y entre grupos) de la izquierda llevaron al PSOE a presentar, apurando mucho los plazos de diciembre, un proyecto en solitario que terminó encontrando salida con un pacto paralelo con el PP. Y es toda una paradoja que la principal fuerza de centro derecha vaya a dar paso a un texto que en rigor recoge buena parte de las propuestas de los socialistas y de IU pero a cambio de un compromiso de reforma del impuesto de sucesiones que para la coalición es altamente regresivo. Reza el dicho que la política hace extraños compañeros de cama, aunque en este caso el reparto ha sido de literas y en diferentes niveles y también con algunos protagonistas que ni siquiera contemplan estar en la misma habitación.