«Asturias tiene un exceso de funcionarios»

«Asturias tiene un exceso de funcionarios»: tal es la opinión del abogado y economista Ignacio Blanco, miembro fundador del think tank liberal Club de los Viernes. Blanco considera digno de lamentar el hecho de que, según estadísticas de la OCDE a su disposición, el gasto público en salarios para los funcionarios suponga en España un 25% de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que en Suecia, con un número mayor de empleados públicos, el porcentaje correspondiente sea de sólo un 24.

Blanco lanza la siguiente pregunta: «¿Realmente hace falta que los empleados que prestan un servicio público sean funcionarios?». A su juicio, la respuesta es que no. El Estado, opina, debería contratar a los encargados de prestar servicios públicos como la sanidad o la educación siguiendo criterios empresariales. También implementar mecanismos como los cheques sanitarios y escolares que algunos Estados emiten y que, aunque financiados mediante impuestos, permiten al ciudadano escoger, según su preferencia, un prestador de servicios público o uno privado.

«Entendemos que si bien hay ciertos servicios universales que tienen que deben ser soportados financieramente por los impuestos de todo el mundo, la filosofía debe ser que haya un buen servicio, no que el encargado de prestarlos tenga que ser público», proclama Blanco. La merma del número de funcionarios que los sindicatos vienen denunciando desde que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero abordó los primeros grandes recortes tras el estallido de la presente crisis económica no es, para el economista gijonés, algo que deba ser denunciado, sino, por el contrario, una tendencia a la que debe darse continuidad. Debe dársele, dice, especialmente en Asturias, que en base a estadísticas a su disposición pasa por ser la segunda comunidad autónoma española con más porcentaje de empleo público sobre el total de ocupación, sólo por detrás de Extremadura y excluyendo Ceuta y Melilla debido a su particularidad administrativa.  «No se trata», expone, «de que no haya empleo público: en los países del norte de Europa hay mucho empleo público, pero pocos funcionarios. Quienes prestan un servicio público no tienen por qué tener un contrato de por vida».

Blanco aporta otra curiosa estadística para sustentar su opinión: la de que el 80% de los funcionarios españoles optan por acudir a la sanidad privada en lugar de a la pública sirviéndose de la MUFACE, Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, un organismo público alternativo a la Seguridad Social al que los funcionarios tienen derecho a acogerse para recibir sus prestaciones sociales. «Nada demuestra mejor el hecho de que el prestador de un servicio público no tiene por qué ser un funcionario: los propios funcionarios optan por que se les preste un servicio público por parte de empleados que trabajan para empresas privadas. ¿Tienen alguna especie de límite mental por hacerlo? Yo entiendo que no», dice Blanco, que puntualiza en todo caso que en Asturias el porcentaje de funcionarios que se acogen a este sistema es menor: en torno a un 60%, siempre según las estadísticas a su disposición.

Blanco denuncia además que «no puede ser que, si el salario bruto mensual en el sector público en Asturias es de 2438 euros según el Instituto Nacional de Estadística, en el privado sea de sólo 1790, y sin embargo se estén recaudando impuestos del mundo privado para pagar los salarios del personal público. No puede ser que el personal público tenga un salario mayor que aquéllos que mayoritariamente lo soportan con sus impuestos, y menos cuando hoy hay dos millones de empleos menos que en 2007 en el sector privado, mientras que el público se ha mantenido estable».

Blanco no cree, de todas formas, que sus ideas estén destinadas a triunfar en el futuro. «Sería como reconocer que los enormes recursos públicos destinados en todos estos años a atender servicios por monopolistas públicos no se han gestionado adecuadamente», dice.