Ciudadanos confirma que sólo pedirá la renuncia a imputados a nivel estatal

La exigencia de que los cargos públicos imputados por casos de corrupción renuncien a su puesto, propuesta como una de las seis condiciones del pacto alcanzado entre Ciudados y Partido Popular para facilitar la investidura de Mariano Rajoy se circunscribe a los miembros del Ejecutivo nacional así como a los senadores y diputados en el Congreso, pero no a los parlamentos autonómicos ni a los ayuntamientos. Así lo confirmó el portavoz de Ciudadanos en la Junta General, Nicanor García, al ser consultado por este diario respecto a las declaraciones de la presidenta del PP asturiano Mercedes Fernández quien descartó el viernes en Gijón que la medida afectara al exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, imputado en la trama del agua, una de las ramificaciones del Caso Pokémon. 

«Sí, tiene razón», destacó el portavoz naranja en el parlamento asturiano quien resaltó que las condiciones presentadas por su partido sólo afectan al ámbito estatal (el Congreso, el Senado y miembros del Gobierno) por lo que en el caso de que, por ejemplo, «una persona como Rita Barberá fuera imputada o investigada, tendría que dimitir». Pero García señáló que el pacto no contempla medidas similares para la administración autonómica o local «porque eso sería una pequeña revolución».

En todo caso, Nicanor García destacó que «eso no significa que no cejemos de denunciar casos de corrupción en los ayuntamientos y en el caso de Caunedo el grupo municipal de Ciudadanos en Oviedo ya pidió en su día su dimisión». El portavoz naranja en el parlamento asturiano añadió que las condiciones del pacto entre Ciudadanos y el PP para la investidura son «un primer paso» porque «lo que queremos es un Congreso, un Senado y un Gobierno limpios para empezar».