«Riopedre cometió una imprudencia pero no cobró un euro ilícito», asegura su abogado

Las defensas de José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero, los dos acusados para los que Fiscalía pide las penas de prisión más elevadas en el juicio por el caso Marea, han dicho que sus clientes fueron imprudentes aunque sin llevarse un euro ilícito, el primero, y contemplan «prevaricación, pero no malversación», en el caso de la segunda.

La abogada de la exdirectora general de Planificación del Principado María Jesús Otero, para la que la Fiscalía pide pena de cárcel de 11 años y medio, ha pedido la absolución de su defendida, de la que ha dicho que «siempre cumplió órdenes» de Riopedre y negó que actuara «por libre». Ana Muñiz, letrada de Otero, ha realizado estas afirmaciones durante la presentación las conclusiones en la vista oral del mayor juicio por corrupción investigado en Asturias, en el que hay trece acusados, para los que el Ministerio Público pide penas que suman 57 años en el caso de los siete principales procesados.

«Me siento muy importante desde que soy la abogada de Dios», ha dicho Ana Muñiz al iniciar la presentación de su informe de conclusiones sobre Otero, en referencia a la «visión cómoda» y al interés en presentar a su defendida como culpable de unos hechos y «así salvar al que interesa». A su juicio, es «increíble» el escenario que se describe en la etapa investigada en lo que concierne al ámbito competencial de su defendida, y se ha preguntado «por qué se les pagaba a los demás si Otero lo hacía todo».

Ha sostenido que si no se sabe «la realidad de lo defraudado» no entiende por qué se piden las penas concretas a las que hace frente Otero, acusada de prevaricación, fraude y exacciones fiscales, malversación de caudales públicos y cohecho. En su línea argumental ha desgranado que era «legal» el reparto de compras entre empresas homologadas, y se ha mostrado de acuerdo en que, debido a los cambios de expedientes de materiales, han podido existir algunas «irregularidades administrativas, pero no un delito».

Ha advertido que «no se ha podido demostrar el perjuicio a la administración», entre otras cuestiones, por la «falta» de inventario sobre bienes. En cuanto al capítulo de regalos atribuidos a Otero, la letrada ha aseverado que «no los recibió», y que «pagó todos y cada uno» de los viajes que ha realizado. Ha acusado al dueño de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, de tener «miles de facturas falsas» que fueron atribuidas a Otero, y ha reprochado a la investigación no haber comprobado las cuentas de su defendida, así como de partir de un «montón de suposiciones» en las que bajo la generalidad de «todo vale, todo se le atribuye».

Por su parte, Sergio Herrero, letrado de Riopedre, ha incidido en que la frase que «mejor defiende» la actuación del exconsejero de Educación es que «no cobró un euro ilícito», si bien mantuvo una actuación desmedida en favor de su hijo, que le llevó a «no actuar debidamente», cometiendo una «imprudencia» en las conversaciones grabada. Respecto a la actual situación económica de Riopedre la ha establecido en 2.981 euros en cuenta bancaria y un crédito con 7.835 euros pendiente de pago.

Ha incidido en que, como consta en el documento policial emitido en el correspondiente informe, el exconsejero disponía de dos cuentas con un préstamo, y ha puntualizado que en el registro realizado en su domicilio no se encontró material de interés para el procedimiento. En cuanto a los hechos investigados ha citado seis «especialmente relevantes», entre los que ha mencionado los relativos a la contratación cuya competencia formal era responsabilidad del exconsejero, si bien la adjudicación final estaba «precedida de informes de técnicos».

También ha apuntado que en la Consejería de Educación «había delegación de competencias», y ha sostenido que Riopedre no participó en mesas de contratación, con la única excepción de la contratación de emergencia llevada a cabo para realizar obras en el centro educativo de Arriondas. En ese caso, ha dicho que el procesado «tenía competencias» y en la resolución aplicó el «criterio general» del departamento que dirigía, sin que se «se puede acreditar» que sea una resolución injusta.

Sobre las obras investigadas en el instituto de educación secundaria de Infiesto, ha mostrado su «sorpresa» en la medida en que ha apuntado que todo el pago se hizo después del cese de Riopedre como consejero, cuando su sucesor Herminio Sastre firmó la resolución del abono de más de 200.000 euros. 

Sobre las grabaciones telefónicas, ha llamado la atención respecto a que cinco meses después de su marcha como consejero «seguían teneniendo interés policial y judicial». De esas escuchas «se deduce una preocupación exagerada» por la empresa de su hijo, con conversaciones que «nunca debieron de haber tenido lugar. No debió de hacer comentarios con empresarios sobre obras, la mayorías de los cuales no se hicieron».