El 'caso Marea', visto para sentencia tras cuatro meses de juicio

El macrojuicio por el llamado «caso Marea», la mayor causa de corrupción investigada en Asturias por la adjudicación irregular de contratos públicos a empresas, ha quedado hoy visto para sentencia tras casi cuatro meses de vista oral.

Casi cuarenta sesiones y la declaración de más de un centenar de testigos se han sucedido desde el 4 de abril en una causa que ha sentado en el banquillo a 13 procesados, entre ellos el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, y su número dos en ese departamento, María Jesús Otero, que se enfrentan a penas de diez año y medio y once años y medio de cárcel, respectivamente.

Precisamente, las defensas de Riopedre y Otero, que son los principales encausados, han asumido hoy que sus clientes fueron imprudentes, aunque sin llevarse un euro ilícito, el primero, y sin cometer malversación, en el caso de la segunda, por lo que han reclamado su absolución.

Su visión contrasta con la de la fiscal, que consideran que la ex directora general de Educación si que recibió «ingentes cantidades de dinero» de empresas que facturaban con la Consejería, cuyo titular, José Luis Iglesias Riopedre, «estaba totalmente al tanto y participaba de dichas irregularidades».

Según la fiscal, las irregularidades cometidas dieron pingües beneficios a los propietarios de las empresas Igrafo y Pumarín, pero también para Riopedre y Otero, ha señalado la fiscal, que considera probado que recibieron regalos, provocaron sobrecostes y utilizaron remanentes del presupuesto de Educación para tratos de favor a esas empresas.

En su opinión, hay «múltiples pruebas» que incriminan a ambos, pero también a la funcionaria Marta Renedo Avilés -sus iniciales forman el acrónimo que da nombre al caso, Marea- y a los cuatro empresarios que supuestamente integraban la presunta trama corrupta.

Por el quebranto económico causado, que no ha sido determinado con exactitud -algunos letrados lo han situado por encima de los 6,5 millones de euros- el Gobierno asturiano ha reclamado una «sentencia condenatoria y dura» para los implicados en este caso, que la abogada del Principado ha situado como un hecho aislado en una administración que tiene más de 25.000 funcionarios.

Sin embargo, el abogado de Marta Renedo, que se enfrenta a 10 años de cárcel, ha pedido la apertura de una investigación por «obstrucción a la justicia» por parte del Principado, administración a la que ha acusado de «ocultar, destruir o robar unos expedientes por los que a su defendida se piden muchos años de cárcel».

Las primeras irregularidades se detectaron a principios de 2010 en la adjudicación de contratos por parte de Marta Renedo, aunque no fue detenida hasta enero de 2011 junto Iglesias Riopedre, que había dimitido cinco meses antes de su cargo alegando motivos de salud, y María Jesús Otero.

Iglesias Riopedre, Otero y Renedo son los tres procesados que se enfrentan a mayores penas, junto a los cuatro empresarios con los que presuntamente amañaron contratos: los gerentes de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, que se efrentan a penas de 9 años; Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, para quien el fiscal pide cuatro años, uno más que para Antonio José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería.

En total, estos siete procesados suman una petición de 57 años de prisión como supuestos autores de delitos de prevaricación, fraude, exacciones fiscales, malversación de caudales públicos y cohecho cometidos a lo largo de años durante la etapa de gobierno de Vicente Álvarez Areces.

Junto a ellos, las acusaciones populares han sentado en el banquillo trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo Paz Rodríguez Pendas, José Villa e Isaac Ovies, y del de Avilés, Braulio Iglesias; el funcionario del consistorio de Mieres Francisco Javier Juárez y el de la Escuela de Ingeniería José Manuel Blanco.

Con el alegato de los abogados de estos seis funcionarios municipales a los que la acusación popular considera autores de delitos de cohecho por recibir regalos de esta trama, el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha dado por concluida la vista oral.

Ahora, el tribunal que preside Javier Domínguez Begega deberá dictar una sentencia que, con el mes de agosto por el medio, en el que se paraliza la administración de Justicia, tardará aún semanas en conocerse.