La multa de la UE amenaza con paralizar programas en Asturias por valor de más de 600 millones

La multa a España por el incumplimiento del objetivo de déficit podría suponer para Asturias la paralización de tres programas de fondos estructurales por valor de más de 600 millones de euros. En concreto, según una carta enviada por el vicepresidente de la Comisión Europea Jyrki Katainen al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, peligran tres programas: el Programa Operativo Fondo Social Europeo de Asturias 2014-2020 (cuyo fondo global supera los 108 millones de euros, 86 de contribución europea), también el programa de Desarrollo Rural de la concesión de ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (con una contribución europea que alcanza los 325 millones) y el Asturias FEDER 2014-20 PO (cuyo monto supera los 316 millones, y de ellos 253 corresponden a la UE).  Se trata de programas establecidos para desarrollarse entre los años 2014 y 2020, hasta 2023 en el caso de la iniciativa rural, y que han sido dados a conocer por el eurodiputado de ICV-EUiA Ernest Urtasun a través de su cuenta en la red social de Twitter.

Las cifras asustan por su enormidad a primera vista aunque lo cierto es que, aún en el caso de aplicarse esa congelación de los programas, la pérdida de fondos no llegaría a tales magnitudes porque dependen del grado de ejecución y buena parte de los programas no han comenzado a aplicarse. También influye en esa mengua el rigor de los ajustes de la política de austeridad. Dado de que la mayoría de estos programas están sometidos a cofinanciación (es decir, que para que Europa aporte una cifra cada administración, la española o la autonómica, tiene que poner otra) y la merma de recursos de los gobiernos regionales se ha disparado con la crisis, muchos de estos programas no han llegado a aplicarse precisamente por la falta de fondos las comunidades autónomas. Además, la misma política de ajustes de la UE hizo que se incrementaran en los últimos años los requisitos de cofinanciación exigidos a las administraciones regionales de manera que muchos ni siquiera han podido ponerse en marcha.

En todo caso, la decisión aún no está tomada. La multa es decisión de la Comisión Europea y está pendiente de negociación de manera que podría quedar en una cifra simbólica o muy baja y no llegaría hasta el mes de agosto. La congelación de los fondos sí tiene más posibilidades de prosperar, pero llegaría en septiembre y después de la obligatoria comparecencia del comisario ante el Parlamento Europeo.

«Nos han puesto en una situación muy complicada después de haber pedido flexibilidad en el pacto de estabilidad» destacó el eurodiputado asturiano del grupo socialista Jonás Fernández quien achacó la desviación del déficit a la decisión del Ejecutivo de Rajoy de «bajar los impuestos a las rentas más altas y aumentar las bonificaciones a la Seguridad Social cuando está demostrado que apenas crean empleo».

Según Fernández la flexibilidad en el cumplimiento de los objetivos de déficit, pasando de un margen de un año a dos, fue frutos de las negociaciones entre el grupo socialista y el popular europeos para facilitar la investidura de Jean Claude Juncker. «Habíamos conseguido en parte esa flexibilidad, con una vía más lenta en el ajuste mientras el Gobierno de España pedía sólo un año. Pero ahora nos encontramos que no ha cumplido por bajar los impuestos a los que más tienen y lo han hecho a sabiendas, fue una decisión electoral y conservadora».

El eurodiputado asturiano señaló que su grupo insistirá en reclamar que se mantenga el plazo de dos años en el cumplimiento de los objetivos aunque «habrá que esperar qué ocurre con la sanción, esperemos que no la haya o que sea mínima» e insistió en la «situación complicada» que, a su juicio, ha dejado el Ejecutivo de Rajoy a los eurodiputados españoles a la espera de que en septiembre se pronuncie el comisario en su comparecencia ante el parlamento «porque pedimos flexibilidad y el gobierno no quiere cumplirla».