Fiscalía mantiene petición de cárcel para los principales acusados en el «caso Marea»

La Fiscalía ha mantenido la petición de penas de cárcel que suman 57 años para los siete principales encausados de los trece procesados en el juicio por el caso Marea, según el escrito elevado a conclusiones definitivas por el Ministerio Público que incluye «leves modificaciones».

A la espera la próxima semana de la lectura definitiva de los informes, las partes del juicio han fijado hoy sus conclusiones en la nueva vista oral celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo sobre la mayor causa de corrupción investigada en Asturias por una trama corrupta de adjudicación de contratos públicos a empresa.

El juicio por el caso Marea comenzó el 4 de abril con las cuestiones previas, con trece procesados, entre ellos el exconsejero socialista José Luis Iglesias Riopedre, y su número dos en el departamento de Educación, María Jesús Otero.

Los siete principales acusados de participar en esta trama de adjudicación de contratos públicos afrontan una petición del fiscal de penas que suman 57 años de prisión, mientras que los otros seis sólo están señalados como presuntos autores de un delito de cohecho por las acusaciones populares.

La investigación se remonta a principios de 2010 cuando se detectaron actuaciones irregulares en la adjudicación de contratos a empresa por parte de la funcionaria Marta Renedo Avilés -cuyo iniciales forman el acrónimo que da nombre al caso (Marea)- aunque no fue detenida hasta enero de 2011 junto a otros cuatro acusados de amañar contratos desde las Consejerías de Educación y Cultura.

Entre esos detenidos se encontraba el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, que había dimitido cinco meses antes de su cargo alegando motivos de salud, y su mano derecha, la ex directora general de Educación María Jesús Otero, que es la que se enfrenta a una mayor pena en esta causa.

El Ministerio Público pide pena de cárcel de 11 años y medio para María Jesús Otero, la más elevada, mientras que para José Luis Iglesias Riopedre reclama 10 años y medio, y para Marta Renedo, 10 años, mientras que para los responsables de las empresas participantes en la presunta trama también mantiene las peticiones iniciales.

En el caso del gerente de la empresa Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y el de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, pide una pena individual de 9 años de cárcel, y 4 años para Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, y 3 para Antonio José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería.

El Ministerio Público ha mantenido la petición de penas para los principales acusados y ha expuesto lo que considera «leves modificaciones» en el escrito elevado a conclusiones definitivas, en el cual cifra en 1,8 millones de euros la cuantía del dinero desviado por Renedo, destinataria de más de 380.000 euros en concepto de regalos obsequio de los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Suárez.

Por su parte, el abogado de Renedo ha admitido un delito de cohecho para su representada, pero ha rechazado que cometiera suplantación de identidad.

Además, las acusaciones particulares han mantenido los cargos contra otros seis acusados de cohecho, los trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo Paz Rodríguez Pendas, José Villa e Isaac Ovies, y del de Avilés, Braulio Iglesias; el funcionario del consistorio de Mieres Francisco Javier Juárez y el de la Escuela de Ingeniería José Manuel Blanco.

La declaración de la última testigo citada a declarar, la argentina Pilar Fernández, que estaba previsto que se produjera por videoconferencia, no se ha celebrado al renunciar a la prueba el abogado de Marta Renedo, José Carlos García, que ha considerado «absurdo» que se llevara a cabo por entender que ya se había producido un «reconocimiento parcial» de los hechos enjuiciados.

Fernández figuraba como titular de cuentas bancarias con fondos procedentes del Principado e Igrafo, que alcanzaron 249.617 euros, y destinataria de la subvención destinada a ayudas a emigrantes asturianos.