España es incapaz de contar a sus muertos

Al menos 11.360 usuarios de residencias de mayores y centros de discapacitados han perdido la vida diagnosticados por COVID-19 o con síntomas compatibles con esta enfermedad. Y la gran mayoría de ellos no figuran entre los 19.130 fallecidos que refleja la contabilidad oficial del Ministerio de Sanidad.

Ya se sabía que la verdadera realidad estaba infrarrepresentada en los datos, pero el reconocimiento por parte de la Generalitat de Cataluña —a partir de cifras de las funerarias— de que tiene 7.097 muertos y no los 3.855 que le notificó al Gobierno ha puesto en evidencia que el desfase resulta abismal. Solo en la Comunidad de Madrid fallecieron en residencias 4.953 personas con síntomas y únicamente se le había hecho el test a 781 de ellas. Eso sin tener en cuenta que en Cataluña murieron otras 456 personas en sus casas y en Madrid 616, además de cuatro en la calle, también sospechosas de coronavirus y que tampoco cuentan.

El sistema falla desde el momento en que falleció el primer enfermo sin un test positivo. El protocolo recomendado por la Organización Mundial de Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) insta a notificar los casos confirmados. El Gobierno español lo asumió como propio y así se lo trasladó a las comunidades, que son las que recogen los datos a través de los servicios sanitarios y los remiten.

El método, en principio, parecía impecable, pero para un contexto en el que los hospitales funcionasen con normalidad, hubiese kits de diagnóstico para todos e incluso posibilidad de realizar autopsias. Pero en una situación en la que ni las familias pueden despedir a los suyos en el lecho de muerte, toda esa pulcra burocracia salta por los aires.

Durante muchas semanas las comunidades estuvieron haciéndole pruebas a los que llegaban a los hospitales y ni siquiera a todos. Empezaron a morir usuarios de residencias de ancianos que en algunos casos llegaban a los hospitales, pero en otros no. Incluso se sucedieron fallecimientos en domicilios sin más diagnóstico que el de un médico que interpretaba por teléfono que los síntomas manifestados podrían corresponderse con los de esta enfermedad.

Las comunidades comenzaron a contar fallecidos y reportarle al Gobierno los confirmados, que básicamente eran los atendidos en los hospitales. Pero claro, quedaron fuera buena parte de los internos de las residencias sobre los que no existía esa certeza.

De ahí que el pasado día 4 Sanidad dictase una orden ministerial para que se informase detalladamente dos veces a la semana de los positivos y los fallecidos de las residencias. Al margen de la diligencia de cada autonomía, porque alguna aún no habría remitido los datos, según el Ejecutivo, incluso las más cumplidoras se toparon con que tienen usuarios de residencias que fallecieron ingresados en el hospital, con lo que ni es tan fácil recoger los datos con precisión ni parece que al ministerio le haya bastado una semana para interpretarlos.

Desbarajuste

Pero en el País Vasco, por ejemplo, cada provincia lleva sus cuentas y en Castilla y León son más los muertos en residencias notificados por la comunidad que los confirmados totales que registra el ministerio.

Ante tal desbarajuste incluso el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, consideró «razonable» el método empleado en Cataluña porque «las cifras que se están publicando hasta ahora con instrucción del Gobierno de España no reflejan la realidad de fallecidos en el país; a día de hoy solo se están publicando los fallecidos en los hospitales y que previamente han dado positivo en un test, pero en esa cifra no se incluyen los fallecidos en las residencias y en los domicilios».

«Ni teniendo muy buenas estadísticas sanitarias vamos a conocer la cifra real de fallecidos»

Para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES), Fernando Simón, «ni teniendo muy buenas estadísticas sanitarias vamos a conocer la cifra real de fallecidos». Y en el caso concreto de Cataluña advierte: «Tenemos que discutir todavía mucho con ellos que significan estos nuevos casos procedentes de las funerarias o de las residencias de ancianos, porque no tenemos la seguridad de si tienen un diagnóstico de coronavirus previo o no. Nosotros lo que pedimos son los datos que son comparables con los que proveen otros países».

Si cuesta interpretar las cifras de muertos, «una losa que nos pese mucho a todos, todos los días», como dice Simón, hacerlo con los nuevos casos positivos se complica todavía más a medida que se va incrementando la capacidad de las comunidades para hacer pruebas PCR y test rápidos. Por eso el director del CAES prefirió centrar su interpretación en lo que considera «las series más estables»: el número de hospitalizados (1.003), que creció un 1,7 %, y los 79 nuevos ingresados en ucis, un 1,4 % más. Lo hizo porque los 5.183 casos nuevos en 24 horas —205 más que en el reporte anterior y que suman un total de 182.816— resultan difícilmente comparables con fechas anteriores, cuando se ha pasado de 20.000 PCR al día a más de 40.000 y, además, se han empezado a utilizar de manera importante los test rápidos.

Con todo, sigue habiendo cifras preocupantes, como los 551 muertos, 28 más que el día anterior, y también esperanzadoras: 3.947 nuevos curados.

Situación en Asturias

En las últimas 24 horas, se han confirmado en el Principado 60 casos nuevos y seis fallecimientos más. Esto supone que el acumulado de positivos es de 2.230 y del de muertos de 174. Lo que no ha variado en las últimas 24 horas son las hospitalizaciones. 367 permanecen ingresados en plantas y otros 61 en la UCI, exactamente el mismo dato que el miércoles.

En las residencias de ancianos de Asturias se concentran 100 de los 174 fallecidos en Asturias. El Principado pdió ayer que no se estigmatice a estos centros y destacó que se han empezado a realizar los test en ellos.