La España invertebrada

El anuncio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de acometer «la mayor rebaja fiscal de la historia» en la comunidad prendió hace unos días la mecha de una bomba -la de la competencia entre territorios- que no estallaba con tanta virulencia desde el 2017. En aquel momento, y también a cuenta de las bonificaciones impositivas de la capital, la entonces presidenta andaluza, la socialista Susana Díaz, acusó a su homóloga, Cristina Cifuentes, de «dumpin fiscal», es decir, competencia desleal con el resto de comunidades con los bajos impuestos como reclamo.

La situación se repite ahora. Los barones socialistas sostienen que Madrid es, de facto, un «paraíso fiscal». La acusan de «deslealtad» y reclaman reformar el sistema de financiación autonómica para que quienes creen esa competencia entre comunidades no puedan exigir más fondos del Estado. Van más allá, planteando incluso la posibilidad de recentralizar impuestos que, como el de patrimonio o el de sucesiones y donaciones, han abierto una enorme brecha entre territorios. Las principales diferencias que para los ciudadanos puede suponer vivir en uno u otro punto del mapa se analizan a continuación:

Fiscalidad

De agravio comparativo del IRPF a pagar hasta 1.000 veces más por heredar. Por su capacidad recaudatoria, el IRPF es la estrella de los impuestos. Desde la última reforma del sistema de financiación autonómico, en diciembre del 2009, siendo presidente Zapatero, las comunidades reciben el 50 % de la recaudación. Tienen, además, capacidad normativa sobre la escala autonómica del tributo, que se suma a la mitad estatal, con cinco tramos y tipos que oscilan entre un mínimo del 9,5 % para rentas hasta 12.450 euros y un máximo del 22,5 % a partir de los 60.000 euros. Dicha capacidad regulatoria -para fijar más tramos de ingresos y elevar o rebajar los tipos- ha provocado evidentes asimetrías para el bolsillo del ciudadano en función de donde resida.

 Así lo confirma el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) en su informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral, que en la edición de este año (correspondiente al ejercicio fiscal del 2018) evidencia de nuevo que Madrid es la comunidad con el IRPF más blando para el contribuyente. Su escala es inferior a la estatal -va del 9 al 21 %- lo que hace que, por ejemplo, un trabajador soltero, sin hijos, menor de 65 años y sin circunstancias que le den derecho a deducciones (también diversas en función de las comunidades), con una renta anual de 30.000 euros, pagará en Madrid 4.829 euros y casi 300 más en Cataluña, el territorio en el que su factura será más elevada. Si los ingresos fueran de 70.000 euros, sería Extremadura, con casi 20.000 euros, la comunidad en la que más pagaría (prácticamente 1.000 más que en Madrid) y para una renta de 110.000 -y en adelante- la factura más alta sería la de la Comunidad Valenciana: 38.663 euros, 2.000 más que en Madrid y 1.000 por encima de Galicia, que se sitúa en la parte intermedia de la tabla.

Aunque Díaz Ayuso ha anunciado que reducirá medio punto todos los tramos del IRPF, lo que dejará el tipo máximo (sumado al nacional) en el 43 %, cinco puntos menos que en Cataluña, Cantabria, Valencia o La Rioja -Andalucía, ahora en el 48 %, también lo rebajará progresivamente-, las acusaciones a Madrid de «paraíso fiscal» no vienen solo de su ventajoso IRPF. La comunidad es la única que bonifica el 100 % del impuesto sobre el patrimonio, después de que la crisis obligase a Zapatero a recuperarlo en el 2011, tras haberlo eliminado en el 2008.

En La Rioja este tributo tiene una bonificación del 75 %, mientras que en el resto de autonomías se aplica por defecto un mínimo exento de 700.000 euros, además de una exención de 300.000 euros por vivienda habitual por contribuyente. Sin embargo, el sudoku se repite, pues el mínimo es de 400.000 euros en Aragón, de 500.000 en Cataluña y Extremadura y de 600.000 en la Comunidad Valenciana, lo que, sumado a las diferentes tarifas que aplican las comunidades (la estatal está entre el 0,2 y el 2,5 %), penaliza a unos ciudadanos y favorece a otros.

Pero el agravio tributario que más indignación ha provocado es el de las herencias. Y es que el tratamiento fiscal de las sucesiones, según la comunidad de residencia, puede disparar mil veces -literalmente- el coste de recibir un legado. Así, según los datos del REAF, un soltero de 30 años que herede bienes por valor de 800.000 euros al fallecer su padre (de los que 200.000 corresponden a la vivivenda) pagaría más de 155.000 euros en Aragón, la comunidad más cara, junto con Asturias. Eso supone 1.200 veces más que en Canarias (134 euros), casi cien veces más que en Madrid (1.586 euros) y diez más que en Galicia (15.040) que, además, tiene un tratamiento aún más ventajoso para las herencias otorgadas en vida. Andalucía, tradicionalmente en el podio de los territorios donde más caro era heredar, cerró el 2018 -gracias a un acuerdo de PSOE y Cs- como la comunidad más barata (el ejemplo previo pagaría cero euros) y el nuevo Ejecutivo de coalición de PP y Cs acaba de aprobar una bonificación del 99 % para cónyuges y familiares directos, el mismo porcentaje que Madrid.

Educación

La misma carrera cuesta el triple en Cataluña que en Galicia. Con los plazos de matrícula a punto de expirar, haber escogido una u otra universidad para estudiar una carrera supone pagar hasta el triple. Son las comunidades las que fijan cada curso los precios del crédito, que son distintos en función del grado de experimentalidad. Es decir, es más caro el de una carrera como Enfermería que el de Filosofía, por ejemplo. Galicia congeló los precios públicos universitarios con el estallido de crisis y este año empezar Medicina en Compostela es tres veces más barato que en Barcelona. Una matrícula tipo (60 créditos) cuesta en la Universidade de Santiago 835 euros frente a los 2.372 de la de Barcelona.

 Solo es más barata en Andalucía, que ha unificado los precios de crédito en primera y segunda matrícula. Pero eso supone que estudiar una carrera de experimentalidad baja, como Derecho, es más barato en la UDC (531 euros) que en la Universidad de Sevilla (757,20). En realidad, hay prácticamente un precio distinto por comunidad. Por ejemplo, el de una matrícula de primero en ingeniería oscila ente los 2.372 euros de Cataluña y los 757 de Andalucía. Todo varía por comunidades.

También hay diferencias en lo que a la gratuidad de los libros de texto se refiere en las etapas obligatorias de enseñanza. Todas las autonomías cuentan con algún programa de subvención del material, pero las alternativas van desde el préstamo universal hasta la gestión solidaria, pasando por ayudas directas. Andalucía y Navarra han apostado por el préstamo universal, un modelo que Galicia ha modificado, priorizando el préstamo para las rentas más bajas, un sistema semejante al de Asturias, que también se guía por los niveles económicos de las familias para organizar las cesiones. En otras zonas, como Cataluña, optan por las ayudas directas y el País Vasco tiene un modelo mixto: las familias deben hacer una aportación parcial del coste de los libros, que solo funciona hasta 2.º de ESO.

Sanidad

Mejores vacunas y la mitad de espera para operarse. Uno de los principales indicadores para comparar los sistemas sanitarios es la demora media para operarse. Es un criterio objetivo y sencillo. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad sitúan a Galicia en 60 días de espera, la mitad que comunidades como Castilla-La Mancha (137) o Canarias (147). Madrid, País Vasco y La Rioja tienen mejores datos que Galicia.

 La sanidad invertebrada se vertebra en España por la cartera básica del Sistema Nacional de Salud, que deben ofrecer obligatoriamente todas las comunidades. A partir de ahí empiezan las diferencias con la cartera complementaria y otras prestaciones que cada servicio autonómico puede ofrecer a sus pacientes.

Galicia, por ejemplo, va por delante en vacunas y cribados. La antigripal incluye a más población y es más completa, y algo parecido pasa con la del virus del papiloma humano. Sanidade fue la primera en proteger a los niños frente al neumococo, pero no ha incorporado la famosa Bexsero, contra la meningitis B, que acaba de implantar Castilla y León.

Hay otra prestación, que afecta al copago farmacéutico, que supuso una mejora importante para los pensionistas gallegos respecto al resto. Cuando se instauró el copago en el 2012 todos los jubilados empezaron a abonar el 10 % de sus medicinas, hasta llegar a un tope fijado por renta. Primero pagaban y después solicitaban las devoluciones en función del tope. Galicia, desde un primer momento y gracias a la receta electrónica, evitó este adelanto. Ahora otras comunidades aplican ese sistema.

Entre las prestaciones que ofrece Galicia y no otras autonomías están, por ejemplo, un TAC intraoperatorio para neurocirugía en Vigo, cribados más completos -el de cuello de útero arrancará antes que en otros territorios- o el programa de detección precoz de hepatitis C y VIH en atención primaria.