«Me pasé la vida aplazando cosas por no ser indefinida»

Claudia tiene 37 años y un contrato en prácticas. No es su verdadero nombre, pero ve arriesgado presentarse sin saber hasta cuándo mantendrá tu puesto. «No sé lo que va a pasar. Tengo esa sensación de que, mientras no te echen, ya es un triunfo», sonríe. En España hay otras 600.000 personas como ella, profesionales de entre 35 y 40 años con fecha de caducidad en su lugar de trabajo. Pero no siempre fue así, al menos para esta informática. 

 «No había contratos como los que hay ahora. Estuve en sitios donde ya era fija pasados tres meses», recuerda. Claudia calcula que «todo empezó a ir de mal en peor» en el 2008, el año en que comenzó una crisis económica que en cuestión de meses segó más de un millón de empleos hasta alcanzar una tasa de paro que rozó el 15 % en diciembre. «Ahí se estropeó la cosa. Se tomaron decisiones que no favorecieron nada a los contratos».

En febrero del 2012, Luis de Guindos llevaba dos meses al frente del Ministerio de Economía cuando le confesó a su homólogo finlandés que la reforma laboral le iba «a costar una huelga general». Sería, como le dijo ese mismo día al comisario Olli Rehn durante la reunión del Eurogrupo, «extremadamente agresiva». El Congreso de los Diputados terminó aprobando, tras cuatro meses y con el pronóstico de paro general cumplido, un paquete de medidas urgentes con el objetivo de «potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales».

De Guindos sabía por aquel entonces que la temporalidad del mercado de trabajo era una debilidad estructural de la economía española. Un tercio de los cotizantes se veían incapacitados para tomar grandes decisiones de gasto por la inestabilidad de su situación, un grave problema para un país cuyo PIB depende en un 57 % del comportamiento de su demanda interna. El escenario apenas ha cambiado en el 2018.

Tras la reforma laboral, los salarios sufrieron una devaluación al cabo de un año. La encuesta anual de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística muestra cómo, al final del 2012, los ingresos medios de un trabajador habían bajado en algo más de 200 euros anuales respecto al curso anterior. Lo mismo sucedería un año después. A nivel de contratos de empleo, sin embargo, la reforma sí pareció surtir efecto en sus primeros doce meses: el número de trabajadores temporales se redujo en 1,3 puntos.

Pero la mejora no fue tal. Los indefinidos comenzaron a descender hasta que, a finales del 2017, alcanzaron el mínimo de la década. Hoy, tres de cada diez españoles tienen un contrato firmado con fecha de caducidad. Ningún país de la Unión Europea alcanza una cifra similar, según datos del Eurostat. Seis años después de aprobarse, el debate sobre la supresión de la reforma laboral sigue presente, aunque no se vislumbran grandes cambios.

El estallido de la burbuja inmobiliaria hace diez años reventó el ladrillo. Hasta 230.000 personas dejaron de trabajar en el sector de la construcción desde el 2011. A partir de ese momento, y con la reforma laboral alimentando una mayor flexibilización del mercado, la hostelería ganó 124.700 empleados. El sector más expuesto a la temporalidad fue el mayor beneficiado por la crisis y por la regulación aprobada desde el Gobierno. El calor y el turismo irrumpen juntos a partir del mes de mayo. Hoteles, bares y restaurantes multiplican su oferta de empleo para la temporada estival, y es ahí cuando entra en juego el movimiento de piezas.

Las afiliaciones a la Seguridad Social en la época estival son un termómetro de la temporalidad. Entre los meses de mayo y julio de este año, más de 364.000 personas se incorporaron al sistema. En el último día de agosto, unas 200.000 dejaron de estarlo respecto a julio, de modo que la mayor parte de los que encontraron empleo al inicio del verano lo acabaron perdiendo con el final de la temporada.

«Casi todos mis contratos eran de días sueltos, tengo montones. Solo en verano, si tenía suerte, conseguía uno o dos meses seguidos»

Pero la temporalidad no solo afecta a camareros. Desde el Reino Unido responde Panambi Andrade, enfermera. Empezó a trabajar en el Sergas en el 2008 y, de ese año en adelante, ya no recuerda cuántos contratos firmó. Al principio empezó con una baja de seis meses, pero a partir del 2010, solo pudo sumar diez meses trabajados en cuatro años. «Casi todos mis contratos eran de días sueltos, tengo montones. Solo en verano, si tenía suerte, conseguía uno o dos meses seguidos. Estábamos todas en la misma situación», apunta.

La estrategia que siguieron con ella fue la que repitieron con otros temporales habituales: «Cuando trabajaba en atención primaria, se ahorraban cotizar por alguien más. Me daban guardias por la tarde y por la noche, con lo cual he llegado a hacer 32 horas consecutivas», asegura. En ocasiones lo hacía en dos centros a la vez. De uno salía a las tres y le pedían que llegase «en cuanto pudiese» al otro ambulatorio.

El impacto del abuso de la temporalidad tiene su traducción en otro dato revelador: el gasto de los hogares se ha contraído en los últimos diez años. El PIB ha recuperado sus niveles previos a la crisis, y buena parte de ello se debe al aumento del consumo de las familias, que suma varios trimestres de crecimiento, pero aún se mantiene lejos de las tasas del 2008. Según recoge el INE, las familias españolas dedicaban hace una década unos 2.500 euros más al año en sus compras.

Cada decisión de futuro se mide al milímetro cuando un contrato tiene fecha de caducidad. En un país donde casi un tercio de los trabajadores viven una situación laboral de este tipo, el consumo se ve abocado a contenerse. Y más aún cuando se estudia el fenómeno por franjas de edad.

 «Tuve que aplazar cosas por no tener contrato fijo constantemente. No existían los días libres, sobre todo en verano, Navidad, Semana Santa y esas fechas. La gente no entendía de qué me quejaba porque tenía muchos días libres, pero no se daban cuenta de que esos días libres no lo son en realidad», explica Panambi sobre una etapa en la que no cotizaba, no cobraba y vivía pegada al teléfono para recibir una llamada e ir a trabajar: «Te penalizan si dices que no, pasándote al final de la lista». A los 36 años, con «pocas expectativas» de conseguir un trabajo fijo y poder cotizar para tener una pensión, decidió hacer las maletas y emigrar a Inglaterra. Llegó a un hospital público, la hicieron indefinida y le dieron un curso durante un mes. 

En el año 2016, la edad más común de las madres que tuvieron hijos era de 35 años; mientras que en el 2006 era tres años inferior. A partir de esa edad, la contratación comienza a equilibrarse entre los temporales y los indefinidos. Hasta cumplir los 35, tomando de nuevo los datos de afiliados en el mes de agosto, casi la mitad de los empleados tienen un puesto de trabajo que no saben si podrán mantener a su término. La precariedad laboral resultante de una combinación de alta temporalidad y una elevada tasa de desempleo conlleva que decisiones clave queden postergadas.

El acceso a la vivienda es otro ejemplo. El modelo ha cambiado en los últimos años, con más personas optando por ser inquilinos antes que propietarios. Es un viejo mantra: alquilar es mejor que comprar. El problema llega cuando al interesado en encontrar piso no le queda otra opción. Con la perspectiva cortoplacista del contrato temporal, sumada a la congelación de los salarios y el desempleo, la concesión de hipotecas se redujo de manera drástica a partir del 2012.  

Lo mismo ocurre con la compra de coches. El mercado se recuperó a partir del 2012 -salvo un nuevo descenso el año pasado-, pero las matriculaciones siguen lejos de los 1,6 millones de turismos vendidos en el 2007, según los datos divulgados por las patronales del sector.

 «No sabes qué hacer con tu futuro: si alquilar o quedarte en casa»

L. J. prefiere dejar las iniciales de su nombre. Es ingeniero industrial, aún no ha cumplido los 30 años y lleva toda su vida profesional lidiando con contratos temporales. Lamenta la falta de sinceridad de las empresas a los trabajadores: «A mes vista, podrían ir orientándote. Reunirse contigo, decirte si en un mes sigues o no para buscarte la vida. Avisarte con antelación para saber qué va a pasar con tu vida».

Ha pasado por renovaciones en las que «no sabía nada» hasta la finalización del contrato. «A veces era yo quien iba a preguntar y me enteraba ahí de que se me había renovado automáticamente. En otras, te avisaban un día antes». El joven entiende que «la dinámica de empresa sigue» mientras el único afectado por esa situación es el empleado temporal: «No sabes qué hacer con tu futuro: si alquilar o quedarte en casa, qué hacer y qué no». Encuentra otro aspecto de la precariedad laboral en el reparto de las vacaciones. «Con los contratos temporales, la empresa tiene un arma para que te sientas avergonzado por pedirlas», observa L. J., que deja una reflexión sobre la temporalidad: «Todo se resume en la planificación de tu vida, porque no la decides tú».

 «Con la temporalidad, todo se resume en la planificación de tu vida, porque no la decides tú»

El portal estadístico europeo Eurostat interpreta la tipología de contratos de manera distinta al español, disminuyendo la temporalidad en el 2017 hasta el 22,1 % de los trabajadores. Pese a la rebaja, la cifra coloca a España al frente de los países de la eurozona, seguida por Polonia, Portugal y Croacia. La media de la Unión Europea, con sus 28 estados miembros, se situó el último año en el 11,3 %.

El caso es que la temporalidad es un mal endémico del mercado laboral español. La dualidad ha estado presente desde mediados de los años ochenta, a partir de la primera reforma laboral aprobada en 1984. El Gobierno de Felipe González logró reducir considerablemente el desempleo con la creación de nuevos tipos de contratos, como el de trabajo en prácticas o el de formación, pero lo pagó con la aparición de un elevada tasa de temporalidad.

«El contrato temporal se convierte cada vez más en la puerta de entrada al empleo», explica el catedrático Javier G. Polavieja. El sociólogo analiza, en un seminario impartido en la Fundación Juan March, dos elementos clave que favorecen la dualidad actual. En primer lugar, señala a los «altísimos costes del despido en el momento de la reforma que flexibiliza la contratación temporal». El otro parte de lo que denomina como «sindicalismo no inclusivo». Según Polavieja, el sistema de negociación colectiva en España «amplifica los intereses de los trabajadores indefinidos» en detrimento de los que se encuentran en una situación más precaria.

 A mediados de la década pasada, bajo el título La incidencia del empleo temporal en economías avanzadas: ¿por qué es España diferente?, Polavieja publica un análisis sobre el mercado laboral. La conclusión principal es que el empresario español se aprovecha de la incertidumbre generada por la crisis y la alta protección del empleo indefinido frente a la baja del empleo temporal. «El caso español ilustra la importancia del marco constitucional» como clave para «generar desigualdades», añade.

 El éxito de la jornada parcial

El segundo trimestre del 2018 marcó el récord histórico de personas con contratos de jornada parcial. Algo más de 2,89 millones de españoles, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

La jornada a tiempo parcial permite conciliar la vida social con la laboral. Esa es, al menos, la idea sobre el papel y una fórmula extendida en Europa. «Aquí son forzosos y, muchas veces, son casi por tiempo completo», lamenta el profesor de Economía Aplicada en la Universidade da Coruña Ramón Núñez, añadiendo un nuevo elemento que fomenta la precariedad. Como muestra, el informe que acaba de publicar Anged, la patronal de las grandes empresas de distribución, entre las que se encuentran Ikea o Fnac. Casi la mitad de los contratos en estas cadenas es a tiempo parcial, por lo que los salarios no suelen superar los 700 euros.