La Policía registra la sede de Duro Felguera en Gijón

La Policía Judicial ha entrado en la sede de Duro Felguera en Gijón para requerir información sobre las actividades realizadas por la empresa en Venezuela. La operación se enmarca dentro de la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional sobre los supuestos casos de soborno de directivos de la multinacional a dirigentes del gobierno de Chávez y a funcionarios venezolanos entre los años 2008 y 2013. Los agentes han solicitado documentos, correos electrónicos y contratos de la empresa.

Fuentes de Duro Felguera han confirmado el registro y señalan que son parte de «las actuaciones derivadas de la querella de Anticorrupción». La sociedad, como ya manifestó públicamente en su momento a través de hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), considera que «no existe responsabilidad por los hechos objeto de la investigación y siempre ha mostrado voluntad de colaborar en el marco de las diligencias abiertas». Por ello, Duro Felguera recuerda, como consta en su informe de gestión auditado, que «ha concluido una investigación realizada por un tercero independiente de la que no se puede concluir la existencia de responsabilidades derivadas de actuaciones ilícitas».

La Fiscalía acusa al presidente de la empresa asturiana , Ángel Antonio del Valle, y a otros ocho personas físicas y jurídicas por presuntos delitos de cohecho internacional y blanqueo de capitales. Además de contra Del Valle, el Ministerio Fiscal también se ha querellado contra su predecesor en el cargo, Juan Carlos Torres Inclán. La demanda fue presentada el 19 de septiembre y que en ella también se incluye a los venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, antiguos miembros del Gobierno de Hugo Chávez, a la propia Duro Felguera y a dos sociedades vinculadas a los venezolanos. A todos ellos se les denuncia por los mismos delitos.

La investigación, iniciada en 2015, partió de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) en el que se detectaron pagos por parte de Duro Felguera a Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela entre 2001 y 2006, por más de 88 millones de euros entre 2008 y 2013. Anticorrupción considera que Villalobos utilizó su capacidad de influencia para favorecer a la empresa asturiana a cambio de esas cantidades y la Fiscalía destaca el contrato suscrito en 2009 con la empresa pública Electricidad de Caracas por importe de más de 1.500 millones de euros. Para esto, Duro Felguera «firmó una serie de contratos con entidades y personalidades venezolanas relacionadas con el Gobierno de dicho país», a fin de «encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil».

La compañía que dirige Del Valle cerró tres contratos entre 2008 y 2011, el primero de 21 millones de euros, firmado en diciembre de 2008 con el presidente de Técnicas Reunidas (Terca), Luis Barrios Melean, al que considera testaferro de Villalobos, quien «no podía aparecer formalmente por incompatibilidad con su anterior desempeño del cargo». Paralelamente, las partes suscribieron un segundo contrato por valor de 45,5 millones de euros en concepto de los servicios de asesoramiento y asistencia técnica prestados por Terca a Duro Felguera para la construcción de una central termoeléctrica en la capital bolivariana, que fueron abonados a cuenta en diversos bancos con sede en Suiza. En 2011, Terca «debido a la imposibilidad de continuar prestando los servicios acordados» cedió todos los derechos y obligaciones contractuales a Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía, sociedad de la que son directores y copropietarios Villalobos y su mujer, Milagros Coromoto Torres, contra quien también se dirige la querella.

Anticorrupción duda de la autenticidad de este contrato ya que «las condiciones establecidas no fueron cumplidas», y estima que «existen varios elementos que permiten concluir que fue ficticio (...) para realizar pagos a Villalobos y conseguir sus favores e influencias ante las autoridades venezolanas». Con el objetivo de «aflorar las ganancias procedentes de las actividades delictivas», Villalobos adquirió un inmueble en la exclusiva urbanización madrileña de La Moraleja, tasada en 2,6 millones de euros, en tanto que transfirió 1,7 millones de euros a la sociedad estadounidense Auyantepuy, cuyo beneficiario final era él mismo.

En el listado de funcionarios, la Fiscalía señala entre los querellados al exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, y a la abogada del Ministerio de Energía del país, Julia Van Den Brule, que habría recibido, al menos, un pago de 70.000 euros en 2009.