El Gobierno tirará de decretos si no logra respaldo para sus Presupuestos

«Todos, dentro y fuera de España, trabajamos en esa hipótesis». La hipótesis a la que este miércoles se refería el ministro de Economía, Román Escolano, antes de comparecer por primera vez ante la Comisión de Economía del Congreso, es la de que el país tendrá Presupuestos Generales del Estado (PGE) este año. Esa es la convicción del Ejecutivo y así se lo ha trasladado a la Comisión Europea, subrayó el ministro. Sin embargo, aunque el Gobierno mantiene en público sin fisuras la versión de la confianza en las negociaciones políticas, lejos de los focos se respira menos seguridad, conscientes de la posibilidad de no lograr antes de finales de mes el apoyo político que requieren las cuentas.

Sin Presupuestos para este ejercicio, se plantean dudas sobre el aumento de las pensiones ¿Qué pasará entonces con las medidas incluidas en los Presupuestos y anunciadas a bombo y platillo? ¿Adiós a la subida salarial de los empleados públicos que se pactó con los sindicatos? ¿Nada de mejora para los pensionistas con las prestaciones más reducidas? ¿Y las medidas fiscales? Pues, en caso de que las negociaciones no fructifiquen, el plan B del Gobierno pasa por tirar de decretos para aprobar las medidas más urgentes, como la revisión salarial de los funcionarios o las pensiones, mucho más delicadas.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró el martes, durante la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos en el Congreso, que «lo que nos conviene a todos es aprobar estos PGE. A todos, incluso a los que públicamente ya los han rechazado». Pero casi paralelamente, en la rueda de prensa en la que dio a conocer los últimos datos del paro, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, admitió que «evidentemente», de no haber Presupuestos, el real decreto ley era una herramienta que se podía utilizar, si así lo aconsejaban las circunstancias. «Pero las cuentas públicas se presentan para ser aprobadas», insistió Burgos, añadiendo que incluyen elementos de extraordinario valor no solo para la ciudadanía, sino también para el impulso del crecimiento económico y la creación de empleo.

¿Adiós a subir las pensiones?

Parece que no, que las pensiones más bajas y las de viudedad -el principal caramelo de los PGE del 2018- también subirían lo anunciado (entre 100 y 450 euros brutos anuales de media) por la vía del decreto ley. Así lo dejó caer la pasada semana el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, en una entrevista radiofónica, y lo mismo sostienen fuentes de Hacienda.

Sin embargo, menos clara la posibilidad de que suban las pensiones si las cuentas públicas no llegan a aprobarse la tenía hace tres semanas el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal (gemelo del secretario de Estado), que afirmó que hacerlo por decreto ley «no encajaría muy bien» con la doctrina del Tribunal Constitucional.

El titular de Energía argumentó en una entrevista que este tribunal solo justifica el uso de dicho instrumento cuando existen «mucha urgencia» o razones «muy excepcionales» y no se tocan normas sustantivas como la Ley General de la Seguridad Social. «Hay doctrina consolidada del Constitucional de qué cambios de partidas presupuestarias sí se pueden hacer por decreto ley, pero cambios de normas tan importantes como la del régimen de la Seguridad Social, habría más que dudas, dada la doctrina del Constitucional sobre lo que es urgente o no», sostuvo.

Sin embargo, no todos comparten sus dudas y, aunque ahora sea el momento de negociar el respaldo del PNV, el Ejecutivo guarda en la recámara la bala que materializará los grandes compromisos, haya o no PGE.