La crisis láctea sigue viva dos años después del acuerdo para salvar el sector

Esta semana se cumplen dos años de la entrada en vigor del acuerdo para la estabilidad y sostenibilidad del sector lácteo. Un compromiso multisectorial del que se esperaba sentaría las bases de una relación más racional y equitativa entre todos los agentes que componen la cadena láctea pero que sigue generando un gran descontento, al menos entre los ganaderos.

Catorce puntos entre los que se encontraban reivindicaciones históricas del sector como la necesidad de identificar el origen de los productos lácteos, el cese de la utilización de la leche como producto reclamo en los supermercados, la regulación de la figura de los primeros compradores o la aplicación de contratos, precios y volúmenes de compra en concordancia con la evolución del mercado.

Objetivos ambiciosos que, pese a ser refrendados por una treintena de empresas lácteas, la práctica totalidad de las compañías de distribución alimentaria y las más representativas organizaciones profesionales agrarias, parecen todavía lejos de poder alcanzarse.

La batalla de los precios

La baja cotización que registra la leche en origen sigue siendo la principal queja del sector productor, que acumula una década sufriendo los precios más bajos de todo el estado. A día de hoy, el litro de materia prima autóctona se paga a 33 céntimos. La situación indigna todavía más a los ganaderos habida cuenta de los importantes incrementos de precios que se vienen registrando en el conjunto de Europa, empujados por la alza en las cotizaciones de productos industriales como la mantequilla.

En este sentido, el acuerdo apuntaba el compromiso de las lácteas tanto de incluir en los contratos precios acordes a la evolución del mercado, como de compartir con los ganaderos la revalorización que se obtuviese sobre los precios de cesión -nada se sabe hasta el momento de cómo vende la industria a la distribución- como resultado de la revisión de las modalidades de contratación con la distribución. El hecho de haber firmado contratos a precios fijos y no referenciados a distintas variables no sirve de consuelo o justificación para los productores que protestan por la escasa capacidad de negociación que siguen teniendo. La mayoría alegan que las condiciones del contrato las impone de forma unilateral la industria. Desde el Ministerio de Agricultura, por su parte, señalan que la capacidad de los ganaderos para reforzar su posición en la cadena de valor irá en aumento a medida que también lo haga su integración en cooperativas u organizaciones de productores, uno de los compromisos que adquirieron en el momento de la firma del acuerdo.

Identificación del origen

Era una de las medidas que despertaba mayor consenso en el sector pero que, sin embargo, sigue sin materializarse cuando en países vecinos como Portugal, Francia o Italia lleva años funcionando exitosamente.

Se sabe que el Ministerio ya ha enviado el borrador del real decreto a Bruselas, por lo que se abre un plazo de tres meses hábiles para que la institución comunitaria dictamine su validez. Los cálculos más optimistas apuntan a que su entrada en vigor tendría lugar a principios del 2018.

Fin de las ofertas ilegales

El terminar con la leche como producto reclamo en los lineales de los supermercados es, probablemente, el aspecto que registra un mayor grado de cumplimiento de cuantos se incluían en el acuerdo lácteo. Si bien siguen apareciendo ofertas puntuales a precios anormalmente reducidos, lo cierto es que resulta difícil encontrarse con cartones a menos de 55 céntimos cuando era una práctica habitual hace poco más de un año.

Nuevo paquete lácteo

Aunque con más de dos años de retraso, el ministerio parece dispuesto a regular la actividad de los primeros compradores sin industria. Aprovechará la revisión del Paquete Lácteo que se llevará a cabo durante los próximos meses para cumplir con otro de sus compromisos. Desde el sector se señalaba a los estos intermediarios como los culpables de algunas distorsiones de precios en el mercado y de poner en peligro la viabilidad de sus granjas debido a los habituales impagos que muchos registran.

Si bien la mayoría de los ganaderos estiman que el acuerdo ha tenido, hasta el momento, un escaso recorrido, desde el ministerio no dudan en calificarlo como el mejor instrumento para trabajar conjuntamente a favor de la estabilidad y la creación de valor a lo largo de toda la cadena.