Las constructoras quieren que más de 500 kilómetros de autovías en Asturias tengan peaje

Diez céntimos por kilómetro. Ese es el peaje que las grandes constructoras pretenden imponer a las vías españolas de gran capacidad. Las autovías desaparecerían y toda la red rápida se convertiría en un macropeaje. En Asturias, esto supondría gravar los más de 500 kilómetros en funcionamiento en la actualidad, sumados la autovía del Cantábrico, Oviedo-La Espina, la autovía minera, la A-66 entre Campomanes y Gijón o el ramal de la A-64 entre Oviedo y Villaviciosa, que cruza Siero. Para recorrer el Principado de oeste a este habría que pagar 36 euros. Eso es lo que costaría conducir a lo largo de los 360 kilómetros que unen el puente de los Santos y el que sobrevuela la ría de Tina Mayor. Un viaje en coche a Madrid se encarecería aún más. El actual canon -sumado el Huerna y Guadarrama- es de 29,85 euros. Con el nuevo sistema superaría los 44 euros.

La propuesta la ha presentado el presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), Julián Núñez, -en el cargo desde principios de junio- que ha vuelto a resucitar esta vieja reivindicación en una intervención en el Congreso. No es la primera vez que Seopan reclama un nuevo modelo de peaje en España. Ahora la patronal ha encargado un estudio para determinar el impacto que tendría sobre la red de carreteras, el ahorro en mantenimiento que supondría para las arcas públicas y el retorno en impuestos que recibirían. Todo este plan trata de convencer a los poderes públicos de las bondades del proyecto. Lo hace, además, en un momento clave: cuando está a punto de vencer la concesión de cuatro autopistas de peaje, que recorren parte de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón y Cataluña. Son la AP-1 (Burgos-Armiñón), la AP-7 (Tarragona-Alicante), la AP-4 (Sevilla-Cádiz), dos tramos de la AP-7 (La Jonquera-Barcelona) y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo. También está en el aire el rescate de la red deficitaria del cinturón de radiales de Madrid.

Una de las grandes novedades es que Seopan se ha atrevido a dar cifras. Nuñez ha apuntado esa posibilidad de cobrar diez céntimos por kilómetro. Ha reconocido que no se trata de una cantidad cerrada pero supone una aproximación. Esto es lo que las grandes empresas constructoras y las firmas concesionarias calculan como el mínimo necesario para conseguir un mantenimiento efectivo de las carreteras de alta capacidad. En España afectaría a un total de 14.000 kilómetros de autovías, de los que algo más de 500 se encuentran en el Principado. 

La autovía del Cantábrico de punta a punta tiene una longitud de 486 kilómetros. Los 360,3 que surcan el Principado no tiene ningún tipo de gravamen. Lo mismo sucede en Cantabria y Galicia. Sin embargo, la A-8 se convierte en la AP-8 en País Vasco, es decir, se transforma en una vía de peaje. Solo algunos tramos muy concretos, como la solución sur de la variante de Bilbao, son gratuitos. La recaudación a lo largo de la cornisa, por tanto, se dispararía.

En el Principado, también habría que pagar por utilizar los 30,7 kilómetros que conectan Oviedo con Villaviciosa, por el interior, en la A-64 o en los 37,5 de la parte que está en funcionamiento de la A-63, entre Oviedo y Doriga, en el concejo de Salas. Habría que sumar los 34 kilómetros de la autovía minera entre Mieres y Gijón o los 70,6 kilómetros de distancia entre Campomanes y Gijón, en la A-66. A diez céntimos por cada 1.000 metros, tan solo es necesario sacar la calculadora.