Montoro desoye a las empresas y se niega a aplazar el nuevo IVA, que arranca el sábado

No hay plan B. El nuevo sistema de gestión en tiempo real del IVA, bautizado como SII (suministro inmediato de información) entrará en vigor el próximo sábado, 1 de julio, tal y como estaba previsto. Así lo confirmó ayer la Agencia Tributaria a La Voz, ignorando de nuevo la última solicitud de la CEOE, que el pasado 5 de junio pidió por carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que aplazase hasta octubre la incorporación al SII de las empresas que no han podido adaptar aún sus sistemas informáticos y que calculan que son en torno al 25 % de las 62.000 que están obligadas a cambiar al nuevo modelo de gestión.

«No hemos tenido ninguna respuesta oficial, pero Hacienda no lo va a retrasar», señalaban ayer desde la patronal, mostrando malestar y preocupación a partes iguales, pues pronostican que el SII, que obliga a las empresas con una facturación anual superior a seis millones de euros, así como a los grupos de IVA y a las acogidas al régimen de devolución mensual del tributo (Redeme), a enviar al fisco las facturas emitidas y recibidas en un plazo de ocho días, tiempo que se reducirá a la mitad a partir del 1 de enero del próximo año.

«Se estima que un porcentaje elevado de las empresas afectadas no van a estar listas para iniciar la nueva fórmula de gestión el primer día, y probablemente tarden unos meses en estarlo -señalan en la CEOE-. La adaptación de los sistemas informáticos ya es compleja para las grandes empresas, porque el SII implica tocar muchos procesos, no solo de facturación, también hay que destinar personal para la supervisión. Y en las firmas pequeñas, que no tienen medios ni plantilla suficiente para hacerlo, aún se complica más. Eso, en lo que respecta a las causas internas que están retrasando la adaptación».

La patronal añade, además, problemas externos, como que «algún proveedor de software ha dicho que no van a tener disponible la adaptación hasta octubre», y la queja extendida entre las empresas del «caótico proceso de definición de los requerimientos del SII», agudizado por el retraso con el que Hacienda publicó la orden ministerial con los detalles que regirán la nueva forma de gestión del tributo: se publicó el BOE el 15 de mayo, hace menos de mes y medio. «Sin esa orden, que regula al detalle cómo debemos hacer el envío, es imposible tener preparados los programas informáticos. Y la entrada en vigor es el 1 de julio. ¡Una locura!», señalan desde una gran empresa afectada. 

La «migaja» de retrasar el pago

Otra protesta común es el esfuerzo «descomunal», por la sobrecarga de trabajo e incremento de costes, que supone gestionar de forma inmediata la información sobre facturación para el fisco, sin ventaja alguna. «Hacienda dice que, a cambio, nos deja pagar el IVA diez días más tarde. En lugar del 20, como ahora, será el 30, pero es una migaja que no compensa para nada esta nueva obligación», lamentan en otra compañía que lleva trabajando en el proceso de adaptación desde finales del pasado año. «A las que lo hayan comenzado a analizar hace unas semanas les va a ser imposible», añaden.

Precisamente por ello, para dar oxígeno a estas empresas, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, le solicitó por escrito a Montoro que ampliara al 1 de octubre el plazo para incorporarse al SII, dejando un período de prueba de tres meses para corregir errores. «Entendemos que esa era una solución razonable, buena para las dos partes y que eliminaría incertidumbres. Pero Hacienda no la ha atendido», lamentan en la CEOE, donde recuerdan que esta es la cuarta vez que envían misivas al ministro en relación con el nuevo sistema.

En la primera carta, en el 2015, cuando se anunció el SII, la patronal le pidió «repensar» la fórmula, que consideraba que «no estaba bien diseñada». En la segunda, en diciembre del 2016, cuando se aprobó el sistema, los empresarios insistieron, «porque se apartaba de la línea de otros países, como Holanda, Alemania o Reino Unido». La tercera petición, ya el pasado marzo, fue aplazar la entrada en vigor hasta enero del 2018. «Y viendo que las empresas no se pueden adaptar en plazo, ahora pedimos un período adicional, hasta octubre». Todos los intentos de que Hacienda flexibilice su postura han tenido el mismo resultado: ninguno.