La UE hace justicia con 40.000 asturianos cazados por las cláusulas suelo

Nunca el Banco de España ha ofrecido cifras concretas sobre el número de hipotecas firmadas con cláusulas suelo. Dice Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores (UCE), que es un comportamiento que casa con su habitual falta de transparencia. Así que todas las cifras del número de españoles y asturianos atrapados por este epígrafe, considerado abusivo primero por el Tribunal Supremo y ahora por el de la Unión Europea (UE), son estimaciones basadas en el número total de hipotecas firmadas, el modelo de gestión de las entidades y las reclamaciones iniciadas. Tanto UCE como Adicae (Asociación de usuarios de Bancos, cajas y seguros) calculan que en el Principado se suscribieron entre 35.000 y 40.000.  Ese es el número de personas que puede beneficiarse de la última sentencia del Tribunal de la UE que exige la retroactividad total y obliga a las entidades a devolver lo cobrado de forma abusiva desde el primer día de la firma.

La situación, sin embargo, no es así de simple. Los abogados leen con detenimiento la sentencia para ver si esa retroactividad total cubre también a los usuarios que ya tienen el caso ganado con un fallo firme. Ignacio García, uno de los letrados asturianos que más casos de cláusula suelo ha llevado, teme que se aplique el principio de cosa juzgada y que no los ampare. Sí que beneficia a los que tienen su demanda en marcha o a los que todavía no la han iniciado. UCE-Asturias ya tiene listas 3.130. Dacio Alonso explica que aconsejaron a sus socios esperar a que se pronunciara la UE para conseguir el escenario más favorable. No obstante, Alonso no las tenía todas consigo. Reconoce que el pronunciamiento del Abogado General en julio y el propio posicionamiento del Gobierno español que, incluso estando en funciones, tomó partido por los bancos y defendió la tesis del Supremo, que limitó la retroactividad a mayo de 2013, no le hizo concebir demasiadas esperanzas.

El abogado ovetense Luis Fernández del Viso, que ha llevado 70 casos, ya está estudiando todas las implicaciones. Del Viso diferencia tres supuestos. Los clientes que todavía no han reclamado pueden iniciar ahora los trámites. A ellos les reclamará también los gastos de escrituración. Hay un número importante con la demanda tramitada pero en suspenso, a la espera, precisamente, de la sentencia de la UE. El tercer bloque son los que ya tienen sentencia. Entiende que hay alternativas para salvar el principio de cosa juzgada y pedir la devolución de todas las cantidades pagadas de más. Explica, tras consultas incluso con algunos magistrados, que hay que explorar todos los recursos legales. Por ejemplo, plantea la posibilidad de presenta un recurso extraordinario de revisión. «Aunque está pensado para otra cosa, podría encajar», argumenta.

Información esencial 

El portavoz de Adicae en Asturias, David Solís, señala que es importante iniciar una intensa campaña informativa para que, de esos 35.000 asturianos, el mayor número posible de afectados reclame sus derechos. Solís señala que los consumidores deben saber que es necesario iniciar una reclamación para recuperar el dinero pagado de más, que los bancos no actuarán de motu propio, anularán la cláusula y devolverán las cantidades. Tendrán que iniciar acciones a título individual -tal y como promueve Adicae- o de forma individual, con la representación de un abogado.

¿Cuánto dinero pueden haber cobrado de forma abusiva los bancos en el Principado? Esa cifra es aún más difícil de calcular que la del número de afectados. Sin embargo, UCE maneja unos datos que ayudan a delimitar un poco la magnitud del abuso. Para una hipoteca media de 125.000 euros de capital, a 25 años, la cantidad a devolver, con la retroactividad total, oscila entre 6.000 y 12.000 euros. Esos 12.000 euros son para casos -con esa hipoteca media de 125.000 euros- en los que las entidades llegaron a fijar hasta un 3%. Dacio Alonso indica que se han llegado a producir sobrecostes de hasta el 500%.

Las 3.130 demandas judiciales de UCE listas para salir se reparten entre Caja Rural de Asturias y Caja Rural de Gijón, Banco Sabadell, Banco Popular, Liberbank, Caja España y Caixabank. Desconoce el número concreto de BBVA y las antiguas cajas gallegas, ya que sus casos son los que dieron lugar al pronunciamiento del Supremo y ahora de la UE.