El acuerdo alcanzado en el Senado entre el PP, CiU y el PSOE para desbloquear la ley Sinde no ha cerrado la encendida polémica que se viene suscitando en la Red desde hace algo más de un año. La modificación de la norma confiere mayor protagonismo al juez, quien estimará finalmente si una web de descargas debe ser clausurada. La decisión final no dependerá, por tanto, de una Comisión, de carácter administrativo, que no dé todas las garantías procesales necesarias.
El meollo del asunto es el siguiente: ¿puede una web permitir las descargas, directa o indirectamente, de contenidos protegidos por la propiedad intelectual sin consentimiento de su creador? Muchas de las respuestas que se han ido ofreciendo a esta cuestión han mezclado interesadamente churras con merinas, intentando desviar el objeto fundamental que se somete a debate, y que no es otro que la protección de la propiedad intelectual.
Todo creador tiene plenos y exclusivos derechos sobre la explotación de su obra. Sólo a él corresponde la decisión de si la vende, la regala o cobra un porcentaje por su consumo.
Las páginas webs que deseen ofrecer la obra - bien como vía de negocio o por el hecho simplemente de ofertar un servicio gratuito- deberán contar con la autorización del creador y pactar con él las condiciones. Este punto, que parece de cajón - al menos lo sería referido a cualquier otro ‘producto’ que no fuera una obra artística- centra las críticas de algunos detractores de la ley.
Es el caso del profesor del Instituto de Empresa, Enrique Dans, que compareció en la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso de los Diputados. Considera “inasumible” que nadie tenga derecho a difundir una obra sin el permiso de su autor. Mantiene que con ello se pretende “quitar por ley un derecho que la tecnología proporciona”, lo que se le antoja “absurdo e inoperante”. No. La violación de la propiedad intelectual no es un derecho; es un delito. Y la tecnología, sin una adecuada regulación, está permitiendo la comisión de un delito no el ejercicio de un derecho. La confusión interesada entre estos dos conceptos es, sencillamente, bochornosa e intelectualmente inadmisible.
El mismo profesor estima que los autores no tienen derecho a ganar dinero con sus obras sino a “intentarlo”. Es evidente. Ningún creador fuerza a un potencial cliente a pagar por la obra si no quiere consumirla; pero si lo hace, deberá pagar por ello, si el creador la ha concebido con el sano y legítimo propósito de enriquecerse a su costa.
Otro de los puntos conflictivos radica en la artificial distinción que hacen quienes se oponen a la ley entre las páginas webs que permiten las descargas y las que facilitan un enlace a otra desde la que se produce la descarga efectiva.
Los gestores de ambas páginas tienen responsabilidad en la violación de los derechos de autor (en caso de que se realicen sin consentimiento del autor): los primeros por permitirlo; los segundos, por facilitarlo. Sugerir, como también hace Enrique Dans, que difundir enlaces sin almacenar obras protegidas no sólo es ilícito, al pretender hacer negocio con unas obras ajenas, sino que añade un valor, “el de organizar la información”, es una tomadura de pelo en toda regla.
El argumento es falaz porque vuelve a confundir deliberadamente una característica de una página web (organizar la información), a la que confiere una virtud (añade un valor), con el objetivo último de esa página, que es lo que se discute: facilitar la comisión de un delito. De forma organizada, eso sí.
Otro de los argumentos que han esgrimido quienes se oponen a la Ley - concretamente, la Asociación de Internautas- es que supone un atentado a la libertad de expresión e instaura la censura en Internet.
La libertad de expresión es el derecho que ejerce quien crea una obra, no quien la consume. Impedir que alguien robe nada tiene que ver con la censura.
Que el objeto robado sea un libro, una canción o una película no cambia en absoluto el tipo delictivo.
La Red está forzando a una reflexión sobre diversos aspectos en los que parecía haberse alcanzado ciertos consensos. En eso consisten las revoluciones. Obligan a repensar cuestiones que estaban asentadas y a adaptarse a nuevos escenarios.
Debe hacerse con sumo cuidado y, en este caso, intentando no perjudicar a quienes probablemente más contribuyen a que Internet sea la mayor ventana al mundo jamás abierta: los creadores.
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