Una sentencia en Oviedo establece que no hay motivo para discriminar al personal temporal de larga duración
13 dic 2016 . Actualizado a las 12:08 h.El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo ha dictado una sentencia que abre la posibilidad de que los médicos interinos que trabajan en la sanidad pública asturiana puedan optar a la denominada carrera profesional, que conlleva una mejora retributiva.
Este colectivo había sido excluido en la convocatoria realizada el 1 de junio de 2016 por el Servicio de Salud (SESPA), decisión que fue recurrida ante los tribunales por el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA).
El juzgado aplica así la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que había señalado que no hay motivo para discriminar al personal temporal de larga duración con el personal fijo en el acceso a la carrera profesional.
Dicha discriminación no puede producirse, según la UE, cuando los parámetros a analizar (competencia y actividad profesional, compromiso con la mejora de la organización y desarrollo y transferencia del conocimiento) son perfectamente alcanzables por los interinos y, por tanto, cualquier discriminación basada en el carácter temporal del vínculo contraviene la normativa comunitaria.
Dado que la sentencia no anula la base respecto de todo el personal temporal sino exclusivamente en el caso del recurrente, esta circunstancia implicará, según el SIMPA, una proliferación de litigios de los interinos en este sentido.
En este sentido, el Sindicato Médico emplaza al SESPA a no obligar a que se judicialice masivamente esta cuestión y que haga un complemento de convocatoria que permita el acceso al grado 1 de carrera profesional al personal temporal de larga duración.
El proyecto de presupuestos del Principado para el próximo año ya contempla una partida de seis millones de euros para la incorporación en el próximo curso de los profesores interinos que cumplan los requisitos al plan de evaluación docente, un sistema de incentivos económicos de entre 132,18 y 206,53 euros mensuales.
El Gobierno dio cumplimiento así a una sentencia declarada firme tras la decisión de la Consejería de Educación de no recurrirla, después de que el Tribunal de Justicia de la UE estimara el recurso de un interino que acumulaba dieciséis años de servicio.