El maquillaje de las listas de espera sanitarias en Andalucía llega a la Fiscalía

La polémica por el maquillaje de las listas de espera sanitaria no es exclusiva del Principado. Mientras que en Asturias las demoras son objeto de una comisión de investigación en el Parlamento, que se ha convertido en un arma arrojadiza política y en el que los médicos están sacando a la luz presuntas irregularidades, en Andalucía el asunto ya está en manos de la Fiscalía. El sindicato de enfermería (Satse) ha presentado una denuncia contra el hospital Juan Ramón Jiménez, de Huelva. En primer lugar, alega el incumplimiento del decreto de garantías que obliga a que un especialista atienda la primera consulta de un paciente derivado por Atención Primaria antes de dos meses. Solo se está cumpliendo en cuatro de 27 especialidades. Además, un documento interno recomienda agilizar solo la cita de los enfermos que conozcan sus derechos y, por tanto, la existencia del decreto de garantías. Considera que esto podría ser un delito de prevaricación.

La situación es, por tanto, ligeramente diferente a la del Principado. Andalucía ya tiene desde 2004 un decreto de garantías, con los plazos máximos de espera. Asturias está ahora iniciando el proceso de aprobación y la Consejería de Sanidad ha presentado un primer borrador. En Andalucía, la denuncia a la Fiscalía la ha presentado un sindicato. En Asturias es el propio Gobierno el que amenaza con acudir a la justicia y exigir que se aclaren todas las acusaciones que se están lanzando en la comisión de la Junta General. El Sindicato Médico y algunos facultativos han hablado de maquillaje y del uso de técnicas irregulares para adelgazar las demoras. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) anunció la apertura de una investigación en la unidad de Cabueñes en la que trabaja el primero de los médicos que habló del tema. Luego se sumaron más.

Pese a todas estas diferencias, el debate sobre el presunto maquillaje de las listas de espera es común. En Andalucía, un documento de consumo interno, colgado en la intranet del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, ha encendido la mecha. Sobre el Sistema Andaluz de Salud (SAS) siempre había revoloteado la sospecha de que la lista de espera quirúrgica y la de la primera consulta por un especialista no cuadraban con la realidad. Ese informe interno contiene instrucciones para el Servicio de Atención a la Ciudadanía, que es el encargado de asignar las citas médicas, y aconseja dilatar la derivación del paciente al especialista. El manual reconoce que no se está cumpliendo el tiempo máximo de dos meses. Con esa demora, matiza que no se puede agilizar de forma indiscriminada, así que se dará prioridad a los pacientes que presenten informes expresos o a los que tengan algún problema de salud relevante. También a los que están informados sobre los que no lo están, es decir, a los que conocen sus derechos y la existencia del decreto de garantías. «Si el usuario conoce el decreto y exige que se le dé cita, hay que hacerlo», precisa. El escándalo ha sido tal que Satse ha presentado la denuncia por prevaricación contra el director gerente del Complejo Universitario de Huelva, Rafael García Vargas Machuca.

En Asturias, la comisión de investigación sigue su camino a su ritmo, con decenas de profesionales, pacientes e investigadores citados y con el cruce de denuncias apareciendo a diario en los medios. Cada día más médicos se suman a las críticas. El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, dice no tener constancia. El Simpa asegura que notificó lo que estaba sucediendo a su predecesor Faustino Blanco y al entonces gerente del Sespa, Tácito Suárez. El PSOE, por su parte, por boca de la diputada Carmen Eva Pérez, habla de la gravedad de las acusaciones y reclama pruebas, para conocer la situación real y, en todo caso, para poder atajarla. Pérez ha recordado que los testimonios en las comisiones de investigación tienen consecuencias penales y que hay que diferenciar la repercusión que tiene una charla informal y este tipo de sesiones. 

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