La ley se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero y tendrá un coste para las arcas públicas de 17 millones de euros
10 jun 2016 . Actualizado a las 11:59 h.El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado hoy con los votos del PSOE, PP, Foro y Ciudadanos la Ley de medidas retributivas que posibilita que más de 35.000 empleados públicos de la administración regional, entes públicos y Universidad vean incrementados sus salarios un 1 por ciento. Esta medida, que recoge también la congelación del segundo tramo de la carrera profesional, ha contado la abstención de Podemos e Izquierda Unida. La ley se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero y tendrá un coste para las arcas públicas de 17 millones de euros, según ha recordado hoy la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo.
Su intervención fue seguida desde la tribuna de invitados por una veintena de empleados públicos que con carteles y algunos gritos exigían la jornada de 35 horas para los funcionarios. No obstante, la consejera dejó claro que la recuperación de los derechos de los empleados públicos debe hacerse de forma «progresiva y pautada» y sobre la base de ingresos sostenibles.
«Hay que garantizar la sostenibilidad económica y jurídica de cada medida», ha afirmado Carcedo, que en distintas ocasiones ha señalado que no se contempla la vuelta a la jornada semanal de 35 horas porque ni lo permite el marco legal ni hay disponibilidad financiera para conseguirlo.
La titular de Hacienda ha recordado además que el Ejecutivo asturiano ha devuelto ya tres tramos de la paga extra de 2012, que ha supuesto un desembolso de 53,8 millones, y que el cuarto se pagará en enero de 2017.
La popular Emma Ramos ha afeado al Ejecutivo que en enero informase negativamente una proposición de ley presentada por el PP con la misma medida y que hubiese posibilitado que los empleados públicos cobrasen desde hace meses este incremento. «Por arte de magia aparecen los millones y lo que decían que era un capricho ya no lo es», ha añadido Ramos, que ha justificado el apoyo de los populares a esta Ley porque prefieren dejar al margen la ideología para apoyar a los empleados públicos.
Por contra, el diputado de Podemos Enrique López ha afirmado que es un «un sarcasmo o una burla» que la consejera diga que esta ley forma parte de la recuperación de derechos cuando ese 1 por ciento de incremento ya esta aplicado en todas las comunidades autónomas y no compensa los recortes y congelaciones que han provocado que los empleados públicos tengan los mismos salarios que en 2007. Además, ha agregado que el gobierno socialista «aplica con mano de hierro los recortes» y que con sus políticas están deteriorando los servicios públicos.
El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha justificado la abstención de su grupo en el hecho de que esta ley está marcada por las restricciones del Gobierno central, que además impide la jornada de las 35 horas, y por la congelación de la carrera profesional, que vulnera el principio de la igualdad. Llamazares ha reclamado también un calendario creíble para la recuperación de los derechos de los trabajadores del sector público, que están viendo cómo éstos se incorporan con cuentagotas
Igualmente, la portavoz de Foro, Cristina Coto ha calificado de «ley trampa» la norma aprobada hoy por incluir una medida positiva, como es la subida salarial, con otra «enormemente negativa» como es la congelación del complemento de carrera «que no deja de ser un nuevo recorte de derechos» a los empleados públicos que, según ha recordado, han visto perder poder adquisitivo desde 2010. Asimismo, ha alertado que esta ley puede ser recurrida «porque es contraria el propio modelo de carrera».
Desde Ciudadanos, Armando Fernández ha incidido en que esta ley no resuelve el problema de sostenibilidad de los servicios públicos cuya reforma, según ha subrayado, «se debe afrontar de forma urgente», algo que precisará de un amplio acuerdo político