Sanidad pagará pruebas y operaciones en la privada si sus hospitales exceden las esperas máximas

El Gobierno del Principado se pone deberes sanitarios. Establece esperas máximas en pruebas diagnósticas, intervenciones y consultas y si no cumple, en el caso de las dos primeras, pagará a los pacientes su paso a la privada. Así queda recogido en el decreto de garantías de acceso a la atención sanitaria que está en fase de elaboración. El Ejecutivo acaba de presentar las líneas maestras del documento que comenzará a tramitarse en este mes de junio, con el objetivo de que entre en vigor antes de que concluya el año. La Administración cree que tiene músculo suficiente para reducir las esperas y cumplir los plazos, tras la modernización de sus instalaciones hospitalarias, por lo que no prevé una fuga de pacientes ni un incremento del gasto. «No se producirá un trasvase directo de recursos a la sanidad privada», insiste. Está convencida de que podrá cumplir. En concreto, el decreto de garantías en el acceso a la atención sanitaria fija dos plazos máximos: dos meses para las pruebas o procedimientos terapéuticos con mayor impacto en la salud de los pacientes y seis meses para varias intervenciones quirúrgicas.

El borrador entra ya en el detalles. Las colonoscopias, mamografías, ecografías, tomografías axiales computarizadas (tacs) y las resonancias magnéticas deberán hacerse en un plazo tope de dos meses. Las intervenciones de cirugía cardiaca (valvular y coronaria), las operaciones de cataratas, las histerectomías y la implantación de prótesis de cadera y rodilla tendrán que llevarse a cabo, como mucho, en 180 días. Transcurrido ese periodo, el paciente que todavía no haya sido atendido, previa autorización del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), podrá acudir a cualquier otro centro sanitario (público o privado) y la sanidad pública tendrá que asumir los gastos, en las condiciones que se determinen. Se establece solo una salvedad, que la asistencia fuera del servicio público de salud no podrá ser prestada por profesionales que también estén en el Sespa. Esta medida pretende evitar suspicacias y también la picaresca.

Al margen del decreto de garantías, se adoptarán las medidas organizativas en las ocnsultas especializadas para garantizar el acceso de los pacientes a una primera cita en un plazo de dos meses para otorrinolaringología, ginecología, urología, oftalmología, traumatología, dermatología, neurología, cirugía general, digestivo y cardiología. En estos casos no se establecen garantías fuera de la sanidad pública porque todas las pruebas previas a un diagnóstico tienen que estar solicitadas por un profesional del Sespa y realizadas dentro del sistema público, por lo que no tiene demasiado sentido que esa primera consulta sea en la privada, ya que no adelantaría nadie. La administración explica que esta decisión «pretende limitar las derivaciones a la sanidad privada a aquellas imprescindibles para dar un servicio de calidad a los pacientes». No obstante, para asegurar esos dos meses de plazo máximo, el Sespa dará prioridad a las primeras consultas, las que permiten clasificar la urgencia e importancia de la enfermedad. También ofrecerá una respuesta en red desde el sistema público y planificará con seis meses de antelación las agendas desde el Servicio de Atención al Ciudadano.

Al margen de los plazos, Sanidad anuncia otro tipo de medidas complementarias que vende como un modo de «garantizar la calidad en la respuesta, la transparencia del procedimiento y los derechos de la ciudadanía». En concreto, el Servicio de Salud creará un registro de pacientes en espera y expedirá certificados de inclusión en este registro, sobre el que se informará a las personas interesadas de forma individualizada y confidencial.

Gaspar Llamazares

El portavoz parlamentario de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, también se refirió a la listas de espera. Llamazares cargó contra la propuesta del PP de marcar unos tiempos mínimos en las listas de espera derivándoles a centros privados porque «convierte un problema en un nicho de mercado». Para Llamazares, la experiencia de iniciativas similares en otras comunidades autónomas ha sido muy negativa porque «ha costado un dineral a las administraciones que lo han implementado».

El diputado de IU afirmó que el crecimiento de las listas de espera está directamente relacionados «con los recortes y los ajustes que ha promovido el gobierno del PP» y añadió que le resulta «un escarnio» que «ahora quieran sacarle rentabilidad». Llamazares apuntó que las listas de espera son un problema, «la fiebre» del sistema sanitario pero que el origen de estas trabas está «en la gestión del sistema y en los recursos que recibe en función de cada administración»

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