La Voz de Asturias  |  Oviedo

El PSOE llevará ante los tribunales las supuestas irregularidades cometidas por la empresa Seprege con la parcela A-19 del polígono industrial de Olloniego. El concejal socialista Alfredo Carreño explicó ayer que la única duda que tiene el PSOE carbayón en todo este proceso es si la parcela A-19 se incluirá en el contencioso administrativo que ya se ha presentado por la B-16 o se denunciará por separado. Además, Carreño no descartó que el procedimiento afecte a más parcelas todavía porque, como recordó, “estamos estudiando varias adjudicaciones más que podrían incurrir también en irregularidades similares”.

El concejal socialista explicó que “todo lo que ha destapado LA VOZ demuestra que aquí se urdió una trama de gente muy cercana al PP o más concretamente a Gabino de Lorenzo”. Según el edil, lo que ha ocurrido en Olloniego “es que se aprovecharon de un polígono desarrollado para recuperar el empleo perdido por la caída de la minería y lo utilizaron para enriquecerse”.

La Fiscalía General Si los socialistas han puesto directamente el tema en manos de los tribunales, desde el otro grupo de la oposición carbayona, la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (Asciz), el concejal Roberto Sánchez Ramos reclamó la actuación inmediata de la Fiscalía General del Estado “de oficio a través de la Fiscalía Anticorrupción”.

Ramos insistió ayer en que “hay elementos más que objetivos de la utilización que han hecho de este polígono como para que la Fiscalía actúe de oficio y abra una investigación que abarque, desde la concepción del polígono, hasta hoy en día”. El concejal calificó el caso Olloniego como un cúmulo de “bolsas de pus” y denunció que, “por la sensación que yo tengo, aquí no sólo se traficó, sino que se pervirtieron los objetivos que se perseguían cuando se concibió este polígono con dinero público. Es grave, muy grave...” La trama de la A-19 Hay que partir de que Olloniego es un polígono en el que el suelo está subvencionado. Si las empresas presentan un proyecto que cree empleo y sea solvente, pueden acceder a las parcelas muy baratas bajo la condición de desarrollar ese proyecto, crear los puestos de trabajo prometidos y no especular con el suelo.

El caso de la parcela A-19 comenzó con la adjudicación de la misma a la empresa Seprege, que prometía crear 24 empleos, lo que la hizo merecedora de una subvención de los Fondos Mineros. El problema es que la empresa nunca desarrolló el proyecto.

Lo único que ocurrió con Seprege es que cambió de manos una y otra vez en un proceso en el que llegó a tener como apoderado a un ex concejal del PP, Pedro Sánchez-Arjona, que en ese momento no ejercía como edil, sino como director general de Cinturón Verde, una empresa participada en un 92% por el consistorio ovetense.

La situación es tan extraña que, después de cambiar de dueños un par de veces, Seprege se vendió en última instancia por 3.000 euros en el año 2001, justo la misma cantidad que había costado crearla en el año 1992. El precio sorprende más aún si se tiene en cuenta que gracias a la parcela A-19 el patrimonio de Seprege ascendía a 174.000 euros.

También resulta extraño que, pese a que la empresa cambió de dueños varias veces, los mismos nombres regresan directa o indirectamente una y otra vez. Un ejemplo es el de Sánchez-Arjona, que primero aparece como apoderado de la empresa y luego esta termina siendo propiedad del marido de la que fuera su secretaria personal. Un cargo que desarrolló cuando el popular ejercía como concejal en Oviedo.

Alfredo Carreño insistió en que el caso Olloniego “es una historia de actualidad pese a que arranca hace varios años, esto que sucede con la parcela A-19 es parte del mismo pelotazo que nosotros ya hemos denunciado en la B-16”. El socialista recordó que “todo este entramado que se tejió con la puesta en marcha del polígono continúa todavía, como demuestra que el tema esté en los tribunales con cuestiones derivadas de una Junta de Gobierno celebrada hace relativamente poco tiempo”.

El enredo de la B-16 Realmente Carreño se refiere a dos juntas. La primera aprobó retirar la parcela B-16 a la adjudicataria, Urvisa, porque compró el metro cuadrado a 33 euros cuando en el mercado estaba a 88. Luego dividió el terreno en 17 partes y lo vendió de nuevo a unos 650 euros el metro cuadrado cuando supuestamente nada de eso se podía hacer. El beneficio superó los seis millones de euros. En la segunda todo cambió, el equipo de Gobierno utilizó un informe encargado por el propio consistorio a la consultora Garrigues para justificar la actuación de la empresa que, según recordó Carreño, “es de un íntimo amigo del alcalde”. Esa segunda Junta rectificó a la anterior y dio luz verde a Urvisa para actuar libremente. El PSOE denunció y todo el entramado está ahora en los tribunales.

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